Castilla y León implanta la cultura de la integridad en su administración como "barrera" a la corrupción

El Consejo de Gobierno ha aprobado esta mañana el acuerdo por el que se determina el asesoramiento legal preventivo por parte de los Servicios Jurídicos de la Junta de Castilla y León, en especial a las empresas públicas, con el objetivo de crear en el seno del sector público una cultura de integridad en el cumplimiento normativo.

El compliance jurídico es el conjunto de actuaciones de contenido jurídico que se proyectan sobre el sector público de la Comunidad de Castilla y León, que tienen como objetivos la minimización de riesgos en la toma de decisiones, la anticipación y prevención de problemas jurídicos, la evitación o resolución de conflictos judiciales, y la difusión de la cultura de la integridad jurídica.

Su alcance distingue cuatro tipos de compliance:

• El compliance administrativo, que se desarrolla mediante informes de contenido jurídico para la fijación de criterios generales de interpretación del ordenamiento jurídico en asuntos que consideren de particular relevancia o que exijan una revisión como consecuencia de modificaciones normativas o de la jurisprudencia en la materia.
• El compliance penal, en el que se distingue el de las empresas públicas de la Comunidad, que se desarrolla mediante un protocolo de contenido jurídico de obligada asunción por los órganos de estas empresas públicas, donde se contemple el conjunto mínimo de medidas de prevención, control y respuesta diseñados ante la eventual comisión de los delitos corporativos; y el compliance penal para otras entidades de la Comunidad, que se desarrolla mediante un protocolo de contenido jurídico para los entes públicos de derecho privado y fundaciones públicas en materia de cumplimiento normativo e integridad para evitar la posible comisión de ilícitos penales.
• El compliance de mediación intrajudicial, que se desarrolla mediante un protocolo de contenido jurídico sobre cómo actuar ante el posible ofrecimiento judicial de mediación una vez comenzado el proceso judicial.
• El compliance de gestión del conocimiento, consistente en la realización de estudios y organización o participación en encuentros con universidades, jueces, fiscales, abogados, procuradores y, en general, cualesquiera otros operadores jurídicos, que tengan por finalidad el conocimiento y la difusión de materias de índole jurídica y que fomenten el compliance jurídico.