Los despidos colectivos afectan a 750 trabajadores en Castilla y León en los primeros meses de 2021

El número de trabajadores en despidos colectivos en empresas de Castilla y Léon registrados durante los dos primeros meses de 2021 ascendieron a 740, con lo que Es la sexta comunidad por volumen de afectados.

La cifra de empleados afectados por despidos colectivos cayó en febrero un 27,6 por ciento hasta febrero 2021 respecto a un año antes, con 2.654 trabajadores afectados, mientras que la cifra de trabajadores inmersos en procesos de suspensión de contrato o reducción de jornada se multiplicó casi por tres, hasta los 13.654 empleados, según datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social, en los que se aprecia el impacto de la crisis del coronavirus y el uso de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE).

En el mes de febrero, se registraron un total de 11.399 trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo, dato que es un 38% superior al registrado en el mismo mes del año pasado. De estos, 9.796 se vieron afectados por una suspensión de contrato o reducción de jornada y 1.603 estuvieron en un despido colectivo.

Asimismo, 6.133 trabajadores estuvieron un procedimiento por causa mayor y 5.266 se vieron afectados por un ERE por causas objetivas (económicas, técnicas, organizativas y de producción). 5.103 procedimientos finalizaron con acuerdo y 163 sin él.

MÁS AFECTADOS EN COMERCIO Y CONSTRUCCIÓN

Por sectores, el comercio al por mayor y por menor, reparación vehículos de motor ha sido, un mes más, el más afectado por ERE (9.221), junto a actividades administrativas y servicios auxiliares (2.269), construcción (1.145) y la industria manufacturera (1.108); mientras que el menor número se registró en actividades inmobiliarias (24) y suministro de agua, saneamiento y gestión de residuos (30).

Por comunidades autónomas, la que registró hasta febrero un mayor número de trabajadores afectados por regulaciones de empleo de ámbito nacional fue la Cataluña (4.236), seguida de Madrid (3.557) y Comunidad Valenciana (1.658).

Tras estas regiones destacan Andalucía (1.388), Asturias (1.276) y Castilla y León (740). Las menores cifras de afectados se dieron en Ceuta y Melilla (12) y La Rioja (51).

En el acumulado del año, el número de trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo (ERE) autorizados por las autoridades laborales o comunicados a las mismas aumentó un 98,3% en comparación con el mismo mes de 2020, hasta sumar 16.308 afectados, de los que el 83,7% formaban parte de expedientes de reducción de jornada o suspensión de contrato.

Las cifras sólo recogen los procedimientos de ámbito nacional, por lo que no se incluyen los expedientes presentados a autoridades provinciales o autonómicas. Además, Trabajo ha explicado que al no disponer íntegramente de su fuente de base, la publicación de la Estadística de Regulación de Empleo "ha sufrido modificaciones en cuanto a su formato habitual, adaptándose a los datos disponibles".

De los 16.308 trabajadores afectados por ERE en el conjunto de los dos primeros meses del año, un total de 7.938 estaban en procedimientos en los que la causa alegada fue la fuerza mayor, cifra que multiplica por casi 8,7 la del mismo periodo del año pasado (913 afectados).

Los ERE por causas objetivas (económicas, técnicas, organizativas y de producción) afectaron a 8.370 trabajadores, cifra que supuso un aumento de 1.060 personas respecto a febrero de 2020 (+14,5%).

Además, 6.390 procedimientos finalizaron con acuerdo en febrero de este año (+10,5), mientras que 1.440 lo hicieron sin acuerdo (+39%).

Trabajo ha explicado también que desde que se decretó en España el estado de alarma el día 14 de marzo de 2020, el número de procedimientos de regulación de empleo comunicados a las autoridades laborables se ha visto incrementado considerablemente, en concreto en cuanto al número de Expedientes de Regulación de Empleo Temporales (ERTES) generados.

Por este motivo, explica el Ministerio, no ha sido posible en la mayoría de los casos la remisión de información a la Subdirección General de Estadística y Análisis Sociolaboral, tal y como se establece en la orden por la que se adoptan disposiciones para la determinación de la forma y contenido de la información estadística.

Además, ha señalado que se ha ampliado el plazo para que las autoridades laborales remitan la información necesaria para elaborar la Estadística de Regulación de Empleo acorde a los cauces habituales, priorizando así el registro, tramitación y resolución de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) "indispensables para el acceso a las prestaciones correspondientes, frente a la remisión de información estadística".