El consejero de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, urgió hoy al Gobierno de España a asignar los fondos europeos y pidió “mayor participación” de las comunidades autónomas en la capacidad de decisión sobre el destino del dinero para adaptarlo a “las necesidades reales” de cada región.

Carriedo realizó esta petición, junto a otras comunidades autónomas, durante el desarrollo de la III Conferencia Sectorial del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que se celebró esta mañana de manera telemática, al considerar que “cuanto antes se fijen los criterios y las cifras, no solo para este año sino para los próximos, antes podemos empezar a trabajar”.

El consejero recordó, no obstante, que en algunas conferencias sectoriales ya se ha producido alguna asignación o definición de estas cantidades y que, de hecho, la Junta ya ha realizado algunas convocatorias con cargo a dichos fondos, como las ayudas del Plan MOVES para la electrificación y la movilidad sostenible, pero matizó que aún “quedan muchas por decidir” y aseveró que “el tiempo es limitado”, por lo que recalcó la urgencia de que estas cantidades se determinen “cuanto antes” para que sean asignadas a las comunidades autónomas y a las corporaciones locales.

Unas comunidades que Carriedo consideró, junto a compañeros del ramo en la Conferencia Sectorial de hoy, que deben tener una “mayor participación en la capacidad de decisión del destino de estos fondos”, con el objetivo de ser “más eficientes” y conseguir “mejor” los objetivos planteados, además de “certificar” mejor el dinero y que este no tuviera que reintegrarse “por falta de capacidad de gestión”.

“Hemos pedido todos ese margen para que los fondos se destinen a lo que verdaderamente se necesite y que no vengan tan encorsetados por parte del Gobierno”, continuó exponiendo Carriedo, solicitando también al Ejecutivo que el 55 por ciento de reparto a las comunidades anunciado el viernes en la Conferencia de Presidentes “se mantenga en el futuro” para que las autonomías tengan “garantía para los próximos ejercicios”.

Todo ello bajo la perspectiva de que las comunidades no sean “meros gestores de las cantidades que distribuye el Gobierno” y se conviertan, con ello, en “un simple medio propio de la Administración del Estado” en el sentido de que “aquello que tiene dificultad para gestionar se lo deja a las comunidades, pero con una estructura tan encorsetada que impide la capacidad de decisión en el ámbito autonómico”.

Una situación que, denunció, dificultará “adaptar estos fondos a la realidad de cada comunidad” y cumplir con lo negociado en las mesas del ámbito autonómico, que van sobre la base de “llegar a acuerdos para poner en marcha iniciativas que se financien con esos fondos”.

Criterios sobre despoblación

Además de estas dos solicitudes de la Junta, a las que se une la de la multilateralidad, Carriedo defendió otras dos propuestas. Por un lado, que igual que se ha hablado de fondos destinados directamente a las comunidades autónomas, “comience a hablarse del fondo para corporaciones locales, que tanto importan a Castilla y León”, por ser algo “imprescindible”.

Por otro, Carriedo planteó al Gobierno que los fondos europeos deben centrarse “básicamente en este objetivo de la lucha contra la despoblación” a través de criterios como el envejecimiento o la dispersión poblacional.

“Es ahí donde tenemos que medir las intenciones del Gobierno”, expresó Carriedo, en relación al tratamiento que del tema se dio el pasado viernes en la Conferencia de Presidentes pero que ahora se debe ver acompañado de “hechos” para que la lucha contra la despoblación no solo esté “en la primera línea política en cuanto a intenciones”, sino también a través del “reparto de los fondos europeos y de la nueva financiación autonómica”.

Y es que, para Carriedo, el compromiso del Gobierno con el reto demográfico “tiene que cuantificarse con criterios asociados a la despoblación”, con un reparto de los fondos europeos y la financiación autonómica que se fije en función de “la superficie, la dispersión y el envejecimiento”.

Un Gobierno que, según el consejero de Economía y Hacienda de la Junta, solo informó, durante la III Conferencia Sectorial de hoy, del plan nacional de transformación y resiliencia de España, aprobado por la Unión Europea, y de los reglamentos e instrumentos de gestión de estos fondos, que también han sido publicados en el ámbito de la UE.