Los Fondos Next Generation que Europa acordó para la recuperación de la economía de la zona tras la crisis provocada por la Covid19, siguen generando tanta ilusión como desconfianza. Todos los sectores productivos esperan con cierta inquietud una inyección de liquidez que permita remontar su actividad, pero muchos siguen sin fiarse de que el reparto se realice de forma transparente y con una gestión adecuada y justificada.

Enrique Pascual, presidente de la Cámara de Contratistas de Castilla y León, lleva casi diez años representando los intereses de las empresas que contratan obra pública con la Administración. Y tiene sus dudas respecto a si comunidades autónomas como Cataluña o País Vasco pueden salir beneficiadas en este reparto por cuestiones políticas o de apoyo parlamentario.

Así, Pascual advierte de que "como el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, no eleve el tono reivindicativo, mucho me temo que saldremos perjudicados en el reparto de fondos".

De hecho, aún hay sólo comprometidos 1.500 millones de euros de estos fondos para esta región. Muy lejos de los 5.000 que demanda el Ejecutivo regional para acometer las reformas necesarias para la reconstrucción económica y empresarial de la comunidad.

"Confíamos más en que puedan funcionar los resortes de control de la Unión Europea en ese adecuado reparto, que por la propia acción del Gobierno de la nación", apuntala Pascual.

En un momento en el que parece que los indicadores apuntan a una recuperación de toda la zona euro, lanza también un llamamiento a la Junta de Castilla y León para que recuerde que "siempre que se ha necesitado recuperar la economía de un país, lo primero que se ha hecho ha sido invertir en obra pública, por el impacto de arrastre que tiene este sector sobre la industria local y auxiliar, la empleabilidad y los beneficios a largo plazo que supone invertir en infraestructuras".

Incremento en la licitación

La licitación de obra pública también se desinfló tras la irrupción de la pandemia,  especialmente hasta el segundo trimestre de 2020. La contratación prevista por las diferentes administraciones pasó de rondar los 2.000 millones de euros a quedarse en un exiguo 33%.

El sector, que aún se encuentra en vías de recuperación, espera cerrar el presente ejercicio con un volumen de facturación cercano a los 1.350 millones de euros, lo que supone un incremento del 20% con respecto a 2019. 

Sin embargo, Pascual insiste en que siguen existiendo problemas coyunturales que impiden el normal crecimiento de un sector que, además, adquiere su materia prima prácticamente en un 80% a mercados nacionales, con lo que supone eso en retorno de inversión dado que "el dinero no se va fuera, se queda en buena parte aquí".

A pesar de estos datos, uno de los principales problemas con los que se encuentran muchas de las 500 empresas propiamente regionales con clasificación de contratista de obra pública que hay en Castilla y León, es la "imposibilidad de encontrar mano de obra cualificada", lo cual el presidente de la Cámara considera "inaudito" con una tasa de desempleo en menores de 24 años roza el 38% en España. 

En lo que respecta a empleo, justo antes de la crisis de 2008 con la caída de Lehman Brothers en septiembre de ese año, el sector de la licitación pública movía un volumen de 137.000 empleos directos y más de medio millón en indirectos, con un 8% del PIB regional. Aquella primera crisis y la provocada por la pandemia han reducido estas cifras drásticamente hasta las 67.000 personas que trabajan directamente hoy para estas empresas. 

A esto se suma el déficit de rentabilidad que arrastran por la subida de los precios de los materiales, dado que ese incremento no pueden transferirse por regla general al precio final cuando se trata de contratos con la Administración Pública. "El Gobierno debería ser más sensible en este sentido y defender el beneficio que tiene para todos la rentabilidad de un sector como el nuestro, dado que nuestra actividad supone una inversión y un beneficio para toda la sociedad a largo plazo en la construcción de hospitales, guarderías o carreteras, por ejemplo", añade.

"Creemos que 2022 va a ser un año de recuperación y en eso estamos trabajando, pero no debemos olvidar que España arrastra un déficit en inversión pública con respecto a otros países de la UE de en torno a los 6.000 millones de euros anuales desde 2015. 

Comprometidos con la Igualdad

Mucho antes de que se comenzara a hablar de una efectiva igualdad entre hombres y mujeres en el terreno laboral, la Cámara de Contratistas estableció un programa específico, 'Dulcinea', para implementar la igualdad de oportunidades en este sector, modernizar los sistemas de gestión empresarial y visibilizar el talento de la mujer.

"Fuimos pioneros en este sentido precisamente porque sin igualdad no creemos que exista futuro", señala Pascual, quien recuerda cómo cuando él se formó en Francia en los años '90, esta cuestión "estaba totalmente superada" mientras que a su vuelta a España, se encontró con una "brecha enorme" en este sentido.

La responsable de implementación de Planes de Igualdad de la Cámara de Contratistas, Susana Carazo, considera que las empresas de este sector están marcando el camino al resto del tejido productivo, aunque "aún queda mucho por hacer".

El Primer Plan de Igualdad de Oportunidades de la Cámara de Contratistas de Castilla y León se centró en 2018 en prevenir y eliminar las situaciones de desigualdad por razón de sexo que pudiera haber en las empresas de esta asociación, generar acciones para que las mujeres también accedieran a este mercado laboral, y en prevención del acoso sexual y por razón de sexo.

Esta asociación instituyó los Premios 'Comprometidos con la igualdad', que distinguen a las empresas del sector de licitación de obra pública que implantan en sus organizaciones planes de igualdad. Tras una primera edición en 2019, la pandemia obligó a suspender este reconocimiento público, que la asociación cameral pretende recuperar para 2022.