El año en el que estalló la pandemia las empresas de Castilla y León tuvieron que generalizar la adopción de medidas de flexibilidad de todo tipo para poder hacer frente a las restricciones impuestas desde las diferentes administraciones para frenar la expansión de los contagios. La Encuesta Anual Laboral publicada hace unos días por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, revela que el 63,2 por ciento de las actividades de la Comunidad, tuvo que adoptar este tipo de decisiones, de carácter interno, desde expedientes de regulación de empleo, modificación sustancial de las condiciones de trabajo (salario, jornada u horario) o movilidad; a medidas de otro tipo, como reducción de trabajadores temporales, despidos, bajada de inversiones o reducción de costes no laborales.

El informe, recogido por Ical, pone de manifiesto el enorme impacto en la actividad empresarial de la COVID-19, en el año marcado por el estado de alarma, cuando aún nadie conocía el alcance de la crisis. La encuesta precisa que un 30,5 por ciento de las empresas aplicó tanto medidas de flexibilidad interna como de otro tipo; un 21,4 por ciento sólo se decantó por decisiones en el interno; y un 11,3 por ciento únicamente por otra clase de recortes. Así, sólo el 36,8 por ciento afrontó la COVID sin adoptar medidas.

Ahorros con los ERTE

El informe concreta que el 51,9 por ciento de las empresas aplicaron medidas de flexibilidad interna, de las que el 44,7 por ciento se decantó por un expediente de regulación temporal de empleo. En este sentido, del total de actividades que aplicaron un ERTE, la encuesta señala que un 25,6 por ciento, logró una reducción de sus costes laborales de entre el 20 y el 50 por ciento, un 15,4 por ciento entre el diez y el 20 por ciento; y un 9,9 por ciento de entre el 50 y el 80 por ciento. El 6,7 por ciento indica que el ahorro fue del 100 por ciento; y un 7,2 por ciento de entre el cero y el diez por ciento. El 32,5 por ciento asegura desconocer el ahorro logrado con la aplicación de estos expedientes.

El documento analizado por Ical, también pone de manifiesto que del total de empresas que se acogieron a los ERTE, la inmensa mayoría lo hizo en la modalidad habilitada para responder a la COVID, un 89,5 por ciento. El 33,5 por ciento acordó un ERTE de cuatro a ocho meses; el 34 por ciento de entre uno y tres; un 15,5 por ciento de más de nueve meses; un 11,7 por ciento de entre siete y nueve; y sólo un uno por ciento de menos de un mes.

Asimismo, la encuesta pone de relieve la importancia que para las empresas tuvieron estos ERTE, ya que el 56,5 por ciento de las actividades expresó que fueron “satisfactorios”; y para un 11,7 por ciento, una medida “muy satisfactoria”. Sólo un 20,1 por ciento se mostró indiferente; un 6,2 por ciento se reveló “poco satisfecho” y un 5,4 por ciento “nada”.

Cabe destacar también que el 20,9 por ciento de las empresas adoptó medidas de flexibilidad interna distintas al ERTE. En cuanto a los ahorros, con estas medidas de flexibilidad interna, el mayor porcentaje, 21,7 por ciento, indicó que no impactaron en sus costes; un 10,2 por ciento los redujo hasta un diez por ciento; un 11,1 por ciento entre un diez y un 20 por ciento; y un 10,7 por ciento, entre un 20 y un 50 por ciento.

La medida de flexibilidad interna con mayor porcentaje de utilización fue la de modificación de la jornada (incluye ERTE), con un 48,2 por ciento; junto a los cambios en el contrato según el tipo de jornada, con un 9,2 por ciento. La movilidad funcional la aplicó el 1,2 por ciento, y la geográfica el 0,3 por ciento, mientras que el sistema de remuneración y la cuantía salarial la tocaron el 2,8 por ciento.

Otras decisiones

Por lo que se refiere a otras medidas fuera de las internas, apostaron por reducir trabajadores temporales, por despidos, por reducir inversiones y por bajar costes laborales el 41,8 por ciento de las empresas de la Comunidad.

En concreto, la Encuesta Anual Laboral traslada que dentro de estas otras medidas la más popular fue recortar inversiones, por la que se decantó una de cada cuatro empresas de la Comunidad. Asimismo, un 22,1 por ciento adoptó soluciones para abaratar los costes no laborales.

En cuanto a las plantillas, cabe destacar que el 14,4 por ciento de las empresas de la Comunidad, finalmente acometió despidos para poder afrontar la situación; y un 13,6 por ciento se decantó por rebajar el número de trabajadores con contrato temporal.

Teletrabajo

Para finalizar, el estudio del Ministerio de Trabajo y Economía Social, se detiene sobre el uso del teletrabajo como vía de salida frente a la COVID, y asegura que en Castilla y León, apostaron por esta modalidad el 15,8 por ciento de las empresas, por debajo del 22,1 por ciento de la media para el conjunto de las autonomías.

En este sentido, del total de empresas que tuvo que subirse al carro del teletrabajo, en el 49,2 por ciento de los casos, los trabajadores que se quedaron en sus casas de sus plantillas no superó el 25 por ciento. Asimismo, en un 14,4 por ciento teletrabajaron más de 25 y hasta el 50 por ciento de los empleados; en un 13,7 por ciento más del 75 por ciento hasta la totalidad de la plantilla; y en un 10,4 por ciento más del 50 y hasta el 75 por ciento.