Renta 2022 en Castilla y León: ¿Quiénes no están obligados a declarar?

Hoy ha arrancado la declaración de la Renta en Castilla y León. La Agencia Tributaria (AEAT) espera devolver 666 millones de euros a 858.590 contribuyentes de la Comunidad, lo que supone un 6% más que lo reintegrado el año pasado. La campaña se extiende hasta el 30 de junio. Está prevista la presentación de 1,28 millones de declaraciones y que se recauden 542 millones, un 9,9% más. Sin embargo, hay muchas dudas en este apartado sobre todo en qué me puedo desgravar, ¿estoy obligado a hacerlo? ¿Cómo puedo gestionarlo? Toma nota.

¿Quién la tiene que hacer? 

En términos generales, no están obligados los contribuyentes con rentas exclusivamente procedentes del trabajo hasta un importe de 22.000 euros anuales. Sin embargo, este límite se reduce si los rendimientos proceden de más de un pagador (salvo excepciones), o también cuando el pagador no está obligado a retener y cuando los rendimientos están sujetos a un tipo fijo de retención. En tales casos, el límite es de 14.000 euros anuales.

Ambos límites siguen siendo válidos para no declarar si el contribuyente cuenta, en su lugar, o además, con los siguientes rendimientos íntegros:

- Dividendos, intereses y ganancias patrimoniales sometidos a retención con un tope conjunto de 1.600 euros.

- Rentas inmobiliarias imputadas, rendimientos íntegros del capital mobiliario no sujetos a retención derivados de letras del Tesoro y subvenciones para la adquisición de viviendas de protección oficial o de precio tasado, y demás ganancias patrimoniales derivadas de ayudas públicas, con el límite conjunto de 1.000 euros.

Igual que el año anterior, tampoco estarán obligados los contribuyentes que cuenten con rendimientos del trabajo, capital y actividades económicas, así como ganancias patrimoniales (subvenciones, premios y otras), con el límite conjunto de 1.000 euros, junto con pérdidas patrimoniales inferiores a 500 euros.

Por otra parte, se recuerda que los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital deben presentar la declaración, de acuerdo con la normativa que establece el IMV.

Plan ‘le Llamamos’

En esta campaña el plan ‘Le Llamamos’ de confección de declaraciones por teléfono mantendrá una capacidad que el año pasado permitió realizar 1.153.000 declaraciones por esta vía, casi el 70% de todas las declaraciones presentadas con asistencia personalizada.

Ante los buenos resultados de esta fórmula de asistencia, en la presente campaña se mantiene su calendario de funcionamiento. El plan ‘Le Llamamos’ arrancará el 5 de mayo, con solicitud de cita a partir del 3 de mayo y servicio hasta el final de la campaña, de manera que los contribuyentes menos habituados a las nuevas tecnologías que requieran asistencia personalizada volverán a contar con una potente alternativa a la asistencia presencial en oficinas, pudiendo acelerar la presentación y, con ello, la eventual devolución que corresponda.

Una vez que el contribuyente pide cita (se recomienda la solicitud por internet o mediante servicio automático en el 91 535 73 26, o en el 901 12 12 24) y elige horario de mañana o de tarde, el sistema le propone un día y una hora en la que recibirá la llamada de la Agencia Tributaria. En favor de la propia agilidad del servicio, resulta muy conveniente que el contribuyente tenga disponible la información y documentación necesaria para realizar la declaración cuando le llame.

Renta Web

La campaña contará también con ciertas modificaciones en ‘RENTA WEB’ para dar cabida a novedades normativas, caso de la consideración como gasto deducible de las rebajas en el alquiler de locales practicadas entre enero y marzo del pasado año, o las nuevas deducciones por mejora de la eficiencia energética de las viviendas. También se incorporan, tanto en Renta como en la declaración del Impuesto sobre el Patrimonio, apartados específicos para la declaración de las monedas virtuales.

A su vez, se mantiene la herramienta para la predicción de errores que se puso en funcionamiento el año pasado al objeto de ayudar a los contribuyentes a evitar errores recurrentes en la declaración y, con ello, el riesgo de una posterior regularización por parte de la administración.