El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha destinado un presupuesto adicional de 125 millones de euros del Programa de Incentivos a la Movilidad Eficiente y Sostenible ('Moves III') a las comunidades autónomas de Cataluña, Madrid, Islas Baleares y Castilla y León, que recibirá, en concreto, 20,1 millones, según informó la Agencia Ical.
Estas cuatro autonomías son las primeras que han comprometido los fondos que recibieron originalmente y han solicitado una ampliación. El aumento de presupuesto lo ha aprobado el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), organismo adscrito al ministerio y responsable de la convocatoria que gestionan las comunidades autónomas.
Cataluña recibirá 65,5 millones de euros adicionales, Madrid 57,1 millones, Castilla y León 20,1 millones y Baleares 9,8 millones de euros. El departamento que dirige Teresa Ribera señala en un comunicado que con esta dotación adicional se da respuesta y se constata el éxito del programa en sus primeros meses, cuyas convocatorias empezaron a abrirse en las comunidades autónomas, de forma progresiva, desde el pasado mes de julio y que está vigente hasta diciembre de 2023. "Además, pone de manifiesto la celeridad en la que se están ejecutando los fondos europeos, ya que prácticamente todas las regiones están agotando el reparto inicial", agrega la nota.
Otras comunidades autónomas están preparando solicitudes de ampliación de presupuesto para sus territorios, que serán tramitadas en las próximas semanas.
El 'Moves III' ha reforzado las anteriores convocatorias e incrementado su dotación, ya que la primera edición contó con 50 millones. En la actualidad, las ayudas directas para particulares y autónomos se incrementan, respecto a ediciones anteriores, para la compra de furgonetas (hasta 9.000 euros), turismos (7.000 euros) o motocicletas (1.300 euros), en el caso de que se achatarre un vehículo de más de siete años de antigüedad. Por su parte, las ayudas para empresas otorgan una mayor cuantía a las pymes y también fomentan el achatarramiento.
En cuanto al despliegue de la infraestructura de recarga, también mejoran los incentivos para particulares, comunidades de propietarios y pequeñas y medianas empresas, así como para puntos de carga rápida y ultrarrápida. El límite máximo de ayuda es de 800.000 euros por expediente con un límite de 2,5 millones por beneficiario y vigencia del programa. Cabe destacar que un particular puede obtener una ayuda del 70 por ciento para un punto de recarga privado en su domicilio.
Para el despliegue de puntos de recarga públicos de 50 kW de potencia en adelante, las ayudas cuentan con un diez por ciento adicional en actuaciones desarrolladas por medianas empresas y un 20 por ciento si son llevadas a cabo por pequeñas empresas. Así, una pequeña empresa podría alcanzar el 55 por ciento de ayuda para la instalación de infraestructura de recarga.