El Consejo de Cuentas ha aprobado hoy el Informe anual sobre las cuentas del sector público local de Castilla y León correspondiente a 2020 en un Pleno celebrado en el Ayuntamiento de Brañosera (Palencia), considerado el primer ayuntamiento de España al serle concedida en el año 824, siendo por entonces parte del Reino de Asturias, la primera carta puebla otorgada.

El Pleno del Consejo, que tiene por costumbre aprobar este informe de manera itinerante para acercar la difusión del trabajo de la institución a toda la Comunidad, ha elegido en esta ocasión Brañosera en reconocimiento a su título como primer municipio de España e hito histórico del municipalismo español en virtud de la Primera Carta Puebla, que constituyó el germen de la organización administrativa local. El presidente del Consejo, Mario Amilivia, afirmó que la jornada de la institución en esta localidad, precisamente en el año en que el Consejo conmemora su veinte aniversario, quiere ser expresión de apoyo y colaboración con el mundo local, especialmente con los pequeños municipios, que son seña de identidad del municipalismo de Castilla y León.

El objetivo de esta fiscalización de mandato legal es verificar el cumplimiento por parte de las entidades locales de la obligación de rendir la cuenta general al Consejo de Cuentas y comprobar que se ajusta a la normativa respecto a forma y contenido, así como su coherencia interna. Asimismo, además de analizar el cumplimiento de las fases y plazos vinculados al ciclo presupuestario y contable, presenta las principales magnitudes presupuestarias y económico-financieras del sector público local. Además, se verifica el cumplimiento de la obligación de remisión de información sobre la contratación administrativa y los convenios celebrados en 2020.

Datos de rendición de cuentas

En relación con la rendición de cuentas correspondiente al ejercicio 2020, a la fecha actual han cumplido con esta obligación el 86% de los ayuntamientos de la Comunidad, en una horquilla que oscila entre el 74% de la provincia de Segovia y el 91% de la de Soria. En el caso de la provincia de Palencia han rendido a fecha actual el 86% de sus 191 municipios.

Si se observa el dato de rendición de cuentas dentro del plazo legalmente establecido (31 de octubre de 2021) se registró una ligera mejora de 0,4 puntos porcentuales respecto al ejercicio anterior, al pasar de un 69,4% a un 69,8% de los ayuntamientos.

El sector público local de Castilla y León está integrado por 4.749 entidades: 2.248 ayuntamientos, 2.216 entidades locales menores, 9 diputaciones, un Consejo Comarcal y 275 mancomunidades. Asimismo, lo integran también 182 entidades dependientes adscritas a las entidades locales.

La comparación de los niveles de rendición de los ayuntamientos por comunidades autónomas pone de manifiesto que Castilla y León presenta valores ligeramente superiores a la media nacional, pero alejados de los mejores resultados obtenidos por las comunidades de Aragón, Galicia y Valencia. En el origen de estas diferencias se encuentra la adopción, por parte de estas últimas, de medidas que vinculan la concesión o el pago de subvenciones al cumplimiento de la obligación de rendición de cuentas.

Este tipo de medidas comenzó a aplicarse por la Consejería de la Presidencia de la Junta de Castilla y León en el ejercicio 2021 y puede contribuir a incrementar los niveles de rendición de cuentas, tal como se ha venido indicando y recomendando de forma reiterada en los informes del Consejo de Cuentas.

Con relación a los incumplimientos de rendición de cuentas, tomando como referencia el periodo 2015-2020, un total de 177 ayuntamientos no han rendido las cuentas de 3 o más ejercicios, lo que representa el 8% de los municipios de la Comunidad. En este sentido, Amilivia recordó que dentro del Plan Anual de Fiscalizaciones de este año se recoge la realización de un informe sobre el análisis de la situación de los municipios más incumplidores de la obligación de la rendición en Castilla y León, en la etapa 2003-2020. El presidente significó que “cuando una entidad no rinde sus cuentas no incumple con el Consejo, sino con los vecinos; por eso es un deber democrático”.

Datos económico-financieros

En cuanto a la liquidación presupuestaria, en conjunto, las 2.750 entidades locales de la Comunidad que rindieron cuentas reconocieron obligaciones (gastos) por importe total de 2.529,6 millones de euros, lo que en relación con los derechos reconocidos (ingresos), por importe de 2.742,5 millones, arroja un resultado agregado de 212,9 millones de euros, 144 millones más que en 2019.

El 75,5% de las entidades locales que han rendido cuentas liquidó con resultado positivo, porcentaje que se eleva al 81,8% en el caso concreto de los ayuntamientos. Los municipios gestionan por encima del 72% del total de los recursos y gastos correspondientes a todas las entidades locales. La mayor parte corresponden a los ayuntamientos mayores de 50.000 habitantes, que alcanza alrededor del 35% de los derechos y obligaciones reconocidos por el conjunto de las entidades locales de Castilla y León.

Por su parte, las diputaciones reconocieron derechos y obligaciones por importes que representan el 24,4% y 25% respectivamente.

En cuanto al remanente de tesorería para gastos generales (según su signo refleja, bien la capacidad de financiar mayores gastos en el ejercicio siguiente, bien la necesidad de recabar nuevos fondos para adecuar su equilibrio presupuestario y financiero), en el 99,1% de las entidades locales resultó positivo, alcanzando el importe agregado un total de 1.331,8 millones de euros, 431,8 más que en 2019.

Todas las diputaciones liquidaron con un remanente de tesorería positivo, al igual que todos los ayuntamientos mayores de 5.000 habitantes. Además, en el periodo analizado (2017-2020) el remanente de tesorería para gastos generales mantiene una evolución positiva, pasando de 1.003,2 millones a 1.331,8, con un incremento global del 32,8%.

Asimismo, los fondos líquidos de tesorería (disponibilidad de efectivo en las entidades bancarias) experimentan también una tendencia creciente en el periodo, con un incremento del 29,6%, hasta alcanzar los 1.504,2 millones de euros. El 63,5 corresponde a los ayuntamientos, el 29,4% a las diputaciones y el 7,1% restante a las entidades locales no territoriales.

En cuanto al pasivo financiero, en 2020 descendió un 6,6% el importe de la deuda viva de las entidades locales, que de forma agregada sumaba 711,3 millones de euros al cierre del año. De dicho importe corresponde a los ayuntamientos mayores de 50.000 habitantes el 63,8% y a las diputaciones el 13,7%. La evolución del endeudamiento financiero entre los ejercicios 2017 y 2020 muestra una tendencia decreciente en todos los ejercicios, con una disminución global del 27,2%.

Contratación administrativa

Las entidades locales tienen la obligación de remitir al Consejo de Cuentas la relación anual de los expedientes formalizados o, en su caso, una certificación negativa. 1.938 entidades locales de la Comunidad (el 40,8%) remitieron la información contractual de 2020 dentro del plazo legal (hasta el 28 de febrero de 2021), cifra que se incrementa hasta 2.590 (54,5%) a final de año. Resultados que representan una mejora respecto del anterior ejercicio.

Los entes del Sector Público Local comunicaron al Consejo información acerca de 42.023 contratos con un importe de adjudicación de 263,5 millones de euros formalizados en 2020.

Recomendaciones del Consejo

Teniendo en cuenta los resultados del informe, el Consejo de Cuentas considera que mantienen su vigencia las recomendaciones dirigidas a la mejora de la rendición de cuentas recogidas en las dos declaraciones suscritas por el Tribunal de Cuentas y los órganos de control externo autonómicos (OCEX) con fecha 21 de junio de 2017: “Declaración sobre las medidas para estimular la rendición de cuentas de las Entidades Locales” y “Declaración sobre las modificaciones legales para promover la reducción de los plazos de rendición de las cuentas del Sector Público”.

Sin perjuicio de las dos Declaraciones, el Consejo de Cuentas subraya otras recomendaciones relativas a otros aspectos analizados en el informe:

-Las entidades locales deben incrementar sus esfuerzos para ajustar sus actuaciones a los plazos contemplados en la normativa respecto al ciclo presupuestario y contable, con especial atención a la aprobación de los presupuestos.

-La cuenta general debe ajustarse en todos sus aspectos a lo dispuesto en la normativa aplicable, siendo especialmente recomendable la utilización del validador externo de la Plataforma de Rendición de Cuentas.

-Las entidades locales deben remitir anualmente al Consejo información sobre su actividad contractual y sobre los convenios celebrados, conforme a la normativa.