La Red de Protección a las personas y a las familias en riesgo de exclusión es el instrumento más potente que tiene la Junta de Castilla y León para ayudar a quienes peor lo están pasando en la Comunidad por causa de las sucesivas crisis económicas a las que, ahora, se añade el desbocado incremento de los precios. Desde que, a mediados de 2020, se implantó el Ingreso Mínimo Vital, el sindicato CCOO lleva pidiendo al Gobierno Regional que destine el ahorro que supone la reducción de la Renta Garantizada de Ciudadanía a reforzar esta Red de Protección. “La exigencia en este momento es urgente ya que la última Encuesta de Condiciones de Vida, referida a 2020, señala que la pobreza, y el riesgo de padecerla, se ha incrementado en Castilla y León en casi tres puntos porcentuales y afecta ya a 425.436 personas, el 17,9 % de la población” recuerda Yolanda Martín, la secretaria de Mujeres, Igualdad y Política Social de CCOO Castilla y León.

Este dato, que ya es suficiente preocupante, se ha incrementado con toda seguridad entre 2021 y 2022 por la subida generalizada de los precios. El último dato del IPC señala un incremento de 1 punto en un solo mes y una tasa anual del 10,2 % por el alza de los carburantes y los alimentos, marcando su nivel más alto en 37 años. Mientras, los salarios subieron una media del 2,4%.

“El Estado ha puesto en marcha medidas excepcionales para combatir la desigualdad y la pobreza y, ahora, queremos que la Junta de Castilla y León haga también un esfuerzo porque el Plan anti-crisis que aprobó en abril de 2020 ha quedado amortizado por la imparable subida de los precios y porque creemos que hay financiación para reforzar la Red de Protección” añade Yolanda Martín.

Mantener la subida de la Renta y mejorar la Red

La Renta Garantizada de Ciudadanía, acordada en el Diálogo Social a solicitud de los sindicatos, sirvió durante 10 años para atender las necesidades de una media de más de 36.000 personas en Castilla y León con un presupuesto anual de 70 millones de euros en los últimos 5 años de aplicación. A mediados de 2020 se puso en marcha el Ingreso Mínimo Vital estatal, que la sustituyó, por lo que actualmente hay sólo unas 2.000 personas que perciben esta prestación en nuestra Comunidad. “CCOO lleva desde entonces insistiendo en que esa financiación siga vinculada a la Red de Protección para completar las ayudas de primera necesidad y apoyar a las personas en riesgo de exclusión a mantenerse en una vivienda” señala Yolanda Martín.

CCOO también está pidiendo a la Junta de Castilla y León que, al igual que ha hecho el Estado, prorrogue el incremento del 15% de la Renta Garantizada de Ciudadanía en Castilla y León hasta final de año.

Además, algunas de las medidas que ha puesto en marcha el Gobierno español apelan directamente a las Comunidades Autónomas como la rebaja de los transportes, que será del 50% en los medios que dependen del Estado, pero que sólo llegarán a ese descuento si las Comunidades Autónomas complementan la rebaja del 30% establecida para los transportes autonómicos y locales.

Diálogo Social

CCOO considera que hay que negociar todas estas mejoras en las mesas del Diálogo Social como hemos hecho hasta ahora, pero Yolanda Martín recuerda que este ámbito de concertación “está en estos momentos paralizado derivado de la convocatoria de elecciones y la constitución del nuevo Gobierno”.

Con el anterior Gobierno de coalición entre PP y Ciudadanos logramos llegar a acuerdos sobre la adecuación de la Renta Garantizada a la nueva situación creada por la aparición del Ingreso Mínimo Vital, “pero aún está pendiente destinar el excedente económico para lo que pedimos que haya cuantos antes negociaciones en el seno del Diálogo Social” dice la secretaria de Mujeres, Igualdad y Política Social de CCOO Castilla y León. 

Mientras tanto, la última Encuesta de Condiciones de Vida publicada por el Instituto Nacional de Estadística señala que la carencia material severa afecta a 45.707 hogares de nuestra Comunidad, que 206.776 personas no pueden mantener su vivienda a temperatura adecuada y que el 8,6% de la población de Castilla y León, 204.400 personas, tienen problemas con el pago de los gastos relativos a la vivienda  como la hipoteca, el alquiler, los gastos de luz, etc. Y son datos referidos a 2020. “En este contexto urgimos a la Junta de Castilla y León a negociar porque no se puede seguir eludiendo una situación tan dramática cuando hay dinero pendiente de invertir en atención social” recuerda Yolanda Martín.

IPC desbocado

Respecto de las medidas del Gobierno, CCOO señala que el problema es que, en 2021 y 2022, la inflación se ha disparado (10,2% interanual provisional en junio de 2022), impulsada inicialmente en 2021 por la subida de la energía una vez superado lo peor de la pandemia, y agudizada tras la guerra en Ucrania, generalizándose a la mayoría de los bienes y servicios. Mientras, en 2022, la población que carece de ingresos laborales (salario, pensión o prestación por desempleo) sigue por encima de los niveles anteriores a la pandemia.

Desde CCOO Castilla y León consideramos que el IPC tan desbocado que padecemos desdibujará el efecto de la ayuda de 200 euros, cuya tramitación, además, será de nuevo un hándicap para las personas que no tengan habilidades informáticas por cuanto sólo se podrá solicitar por vía telemática. Creemos que será más útil la prorroga del incremente extraordinario del Ingreso Mínimo Vital y de las pensiones no contributivas en un 15%.

Rebajas de impuestos

Las rebajas generalizadas de impuestos, tanto de hidrocarburos como de electricidad, pueden ser absorbidas por las empresas productoras o comercializadoras y no causar el efecto deseado como ya ha ocurrido con anteriores rebajas, además de restar recursos al Estado. Consideramos más oportuno mantener el bono social eléctrico, aunque su tramitación debiera ser más simple y extender su difusión, además de que el Gobierno debería haber sido más ambicioso y limitar el coste de los combustibles y de la energía eléctrica.

También nos parece oportuna la limitación de subir los alquileres un 2% y la suspensión de procedimientos de desahucio hasta 2022, en casos de vulnerabilidad económica.

Creemos que una adecuada política de control de precios es necesario para una mayor efectividad en las medidas que componen el “escudo social”, y que, además, es imprescindible el refuerzo de la equidad fiscal para que todas las rentas contribuyan en función de sus capacidades.