Impuestos, impuestos, impuestos. La pesadilla de la mayoría de los mortales pero, sin los cuales, no podría mantenerse el Estado del Bienestar. Sin embargo, ¿dónde está el equilibro para que no supongan un lastre para la iniciativa privada, el emprendimiento y la generación de riqueza?

La entrevista con Alejandro Menéndez (Zamora, 1951), catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la UVa, y presidente del Consejo Regional para la Defensa del Contribuyente, da para largo y tendido, porque salta de los tributos autonómicos a los estatales con la misma agilidad con la que responde. Toda una vida de estudio y análisis jurídico de los impuestos, dan para mucho.

Precisamente en estos momentos de incertidumbre económica, con una merma del poder adquisitivo de los castellanos y leoneses que ya es del 11,6% (inflación de julio), el BCE ya ha subido medio punto los tipos de interés y se espera lo haga en otro medio punto al menos a finales de septiembre para contener un alza de los precios que se come el consumo y, por consiguiente, ralentiza la producción y la economía. Es pronto para ver los efectos, pero, por ahora, la subida de precios no da tregua.

El freno observado en la recuperación económica de la UE tras la crisis provocada por la Covid y la invasión de Putin en Ucrania, ha obligado a Europa a adoptar medidas de inyección monetaria que Menéndez considera "pan para hoy y hambre para mañana. Imprimir billetes a través del BCE para comprar deuda de los Estados, no acabará con la inflación, es hacerse trampas al solitario", asegura. 

La Industria, (con una caída del IPI de casi el 4% de enero a junio) y el Comercio (sobrecostes del 23%) miran con especial temor la llegada del otoño-invierno tras haber experimentado importantes caídas en el consumo y ver duplicadas sus facturas por los precios de la luz y de las materias primas. Menéndez lo ve claro: "Si se sigue ahogando a las empresas con incrementos en todos sus costes incluidos los impuestos, la única salida que van a tener es hacerse funcionarios. Pero el día que todos lo seamos, acabamos con la Economía".

Reforma Laboral y SMI

Algunas de las medidas adoptadas por el Gobierno central, como la de subir el SMI, no convence al catedrático de Derecho Financiero y Tributario. "Si la subida del SMI era tan buena y ya se ha hecho, ¿cómo es que no tiene el efecto deseado? Si es tan buena, ¿por qué no subirlo a 1.400 euros en vez de a mil?", se pregunta. En su opinión, "los costes de contratación que deben asumir las empresas son tan elevados que frenan la contratación".

Para Menéndez, "hay mucho populismo intentando ganar votos y muy poco sentido común". Se refiere, entre otros aspectos, a la medida aprobada por el Gobierno de Sánchez de "dar 400 euros en cheques a jóvenes", o en la Reforma Laboral que entró en vigor el pasado 31 de marzo. 

Una reforma que, en opinión de Menéndez, "se ha limitado a cambiar el nombre a los contratos y a dar más poder a los sindicatos, porque antes primaba el convenio de empresa y ahora prima el sectorial; pero para el obrero no ha cambiado nada porque no se tocan ni la indemnización ni la movilidad". Lo "único" que se ha visto modificado ha sido "el término que han utilizado para definirlos, que ahora eres fijo pero discontinuo porque te contratan para una obra, cuando se acaba te comprometes a volver a contratarlo para la siguiente, y en este tiempo de espera ese trabajador no cuenta como parado".

A vueltas con el modelo de financiación autonómico

El modelo de financiación autonómica se cuestiona cada vez más incluso entre las propias instituciones y organismos de la Comunidad, y de otras regiones de España. Así, el propio Consejo Económico y Social de Castilla y León daba un paso adelante en este sentido y afirmaba sin ambigüedades el mes pasado que el actual modelo de financiación "es insuficiente para cubrir las necesidades de Castilla y León", dado que se trata de una Comunidad muy despoblada y con un nivel de renta menor que la media nacional. 

En este sentido, Menéndez recuerda que el modelo de financiación autonómica actual beneficia a comunidades como Madrid, que tiene un mayor nivel de renta, una sola provincia y por lo tanto, además, mucha menor dispersión.

"Las recetas suelen estar claras, pero cuesta ponerlas en marcha porque hay miedo a no recaudar suficiente para cubrir los gastos. El problema no es que el Estado recaude, es que dilapida constantemente", asegura. 

Precisamente ahora que Alemania, con una inflación del 7,5%, ha anunciado un alivio fiscal de 10.000 millones de euros porque considera que "el Estado no debe enriquecerse con la inflación a costa de sus ciudadanos", España continúa subiendo cargas fiscales a los contribuyentes que sumado a un 10,2% de inflación, está permitiendo a las arcas del Estado 'hacer caja'.

Sólo en Castilla y León, Hacienda ingresó hasta junio 1.808,5 millones de euros, es decir, un 4% interanual más; y por el IVA, un 24,4% más hasta los casi 700 millones de euros.

Con este escenario, el presidente del Consejo Regional de Defensa del Contribuyente aboga por "deflactar el IRPF para adecuarlo a la tensión inflacionista, dado que si el ciudadano compra cada vez más caro y encima se le suben más los impuestos, le estás complicando la vida a quien no ha hecho más que trabajar". El tramo estatal del IRPF "genera unas diferencias brutales entre comunidades autónomas porque no es lo mismo tener muy dispersa tu población, un nivel de renta menor y nueve provincias; que tener dos y un nivel de renta mayor, por ejemplo", explica.

La cercanía con Madrid resulta para Alejandro Menéndez una oportunidad para fomentar más aún las relaciones entre la capital de España y Castilla y León. "La Comunidad debería consorciarse con Madrid en la medida de lo posible para favorecer más a las provincias que más cerca están, Ávila y Segovia. Deberíamos buscar más alianzas con Madrid, que es la locomotora de España".

"Habría que aprovechar más y mejor esa cercanía, para conseguir un incremento de  gente que viviera en Castilla y León aunque trabajara en Madrid, y que ese domicilio fiscal permitiera que el IRPF, al ser domicilio habitual, quedara en Castilla y León", indica.

Un mercado de trabajo que, tras la llegada de la pandemia, se está modificando debido a los nómadas digitales, es decir, trabajadores que ya no desarollan su actividad físicamente en las oficinas de la empresa sino desde allí donde se encuentren en ese momento, sea en una comunidad autónoma o en otra, aunque al menos habrán de hacerlo 183 días para concretar aquella en la que tributar. Algo que, con el tiempo y el cada vez más extendido teletrabajo, puede cambiar en el futuro.

En este sentido y con el objetivo de aprovechar "el tirón" de Madrid, Menéndez aboga porque el Impuesto de Patrimonio (cedida su recaudación al 100% a las comunidades autónomas), "se exonerarse en Castilla y León, como sucede en la capital de España, para que no fuera un aspecto disuasorio para establecerse en esta Comunidad, que tiene un gravísimo problema de despoblación".

El impuesto a las energéticas y a la banca "suena a expolio"

Una de las medidas que más sorpresa le produce es el impuesto anunciado por el Gobierno nacional a energéticas y bancos, que entrará en vigor durante 2023 y 2024 y que lleva aparejado la prohibición de que estas compañías puedan repercutir ese sobrecoste en el consumidor. 

Pero ¿se puede prohibir a una empresa que repercuta esa carga en el consumidor? "Suena a expolio. No se atiene a los principios impositivos. No se había visto nunca en ningún sitio. La norma es jurídicamente legal, pero tiene defectos que suponen un fraude de ley por cómo la denominan, ya que se lleva a cabo para eludir lo que el propio Sánchez dijo en el Congreso cuando habló claramente de impuesto a la banca y a las petroleras", puntualiza. El artículo 13 de la Ley General Tributaria establece que "no basta con cambiar el nombre de la ley para que ello suponga cambiar el régimen jurídico. Vender no es lo mismo que donar. Pues esto, es lo mismo", indica: "Es un impuesto, aunque lo denominen de otra manera".

Además, "vulnera directamente los principios tributarios ya que quien más gana, ya tributa más que quien gana menos", además de que "si tienen menos beneficios y dividendos, los titulares de las acciones también tributarán menos por su IRPF, así que no les saldrá a cuenta", vaticina.

Por otro lado, ¿se puede imponer un impuesto a empresas de determinados sectores porque ganen mucho? Según Menéndez, "habría que definir primero qué es ganar mucho y ponérselo a todas, no sólo a unas cuantas. Además, ganar mucho no es sinónimo de riqueza, porque un médico puede ganar en su consulta privada 50.000 euros al año y un hospital 3.000.000 euros, y el hospital gana más cuantitativamente, pero quizá con menor beneficio que el médico", explica.

El profesor Menéndez añade que, tras leer el contenido de la norma, "jurídicamente no se sostiene. Es muy representativo porque lo llaman prestación patrimonial de carácter público no tributario para esquivar pleitos. Pero el presidente Sánchez habló de impuesto. Y un impuesto, si se le aplican todos los principios tributarios que recoge la Constitución Española, no podría aplicársele el carácter retroactivo. Se saltan también el principio de Igualdad, de generalidad. Decir que ganan mucho es dejar fuera otras que también habrán ganado mucho haciendo las mascarillas, o las farmacéuticas, por ejemplo. ¿Es eso un principio de generalidad o de igualdad? No".

Así las cosas, dibuja un futuro próximo "con incertidumbres serias" para el cual ve fundamental "seguridad en la norma" y "aplicar el sentido común".