En medio del pulso que Madrid y Andalucía mantienen con el Gobierno de Pedro Sánchez por haber optado ambas comunidades por suprimir el Impuesto sobre el Patrimonio, Empresa Familiar de Castilla y León (EFCL) ha exigido hoy a la Junta que "elimine inmediatamente" este tributo que considera "anacrónico, injusto y confiscatorio" y que pone en peligro "la atracción de inversiones en Castilla y León" y abre la puerta a "la fuga de capital a las comunidades donde la fiscalidad es más baja".

De hecho, según datos que maneja Empresa Familiar, sólo en el primer trimestre de este año, 70 empresas se han mudado de Castilla y León a otras Comunidades en busca de un sistema tributario menos impositivo que permita redestinar los recursos a nuevas inversiones.

EFCL se une así a la CEOE de Castilla y León que también pidió el pasado martes al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, que suprimiera este impuesto que en Castilla y León tiene un mínimo exento situado en los 700.000 euros.

Empresa Familiar de Castilla y León argumenta que dicho gravamen es "injusto, puesto que el contribuyente ya ha pagado antes por él; confiscatorio, según determina gran parte de la doctrina; y anacrónico, ya que España es el único país de la OCDE que lo mantiene".

La asociación recordó que el Impuesto sobre el Patrimonio apenas recauda 29 millones de euros en Castilla y León, pero, por el contrario, desincentiva la inversión e incentiva la deslocalización ya que provoca que miles de personas que ahora invierten, viven y gastan en nuestra Comunidad se trasladan a otras regiones, generando también una fuga de talento y emprendimiento.

Por el contrario, los empresarios familiares consideran que su supresión permitirá retener y atraer a nuevos contribuyentes a Castilla y León, con lo que el efecto sobre las arcas autonómicas será positivo, actuando también como generador de riqueza e inversión empresarial.