La crisis energética sigue golpeando las economías de las empresas de Castilla y León y del resto de España, que llevan más de un año soportando subidas en sus facturas de la luz y del gas que en muchos casos triplican los costes, y que están afectando de manera límite a los márgenes empresariales, por lo que en muchos casos puede poner en peligro su continuidad de la actividad económica.
Así, Empresa Familiar de Castilla y León ha emitido un comunicado en el que pide al Ejecutivo regional suprimir parcial o temporalmente los impuestos vinculados al gas y la electricidad, así como mayores incentivos para la implantación de las energías renovables en las empresas.
La escalada de los precios "pone en peligro la viabilidad" de las empresas familiares, que en muchas ocasiones se encuentran, además, con una burocracia que les impide impulsar las instalaciones de autoconsumo fotovoltaico.
En un documento que ha remitido al ejecutivo autonómico, la asociación de empresarios familiares advierte que "de no adoptarse las medidas adecuadas y con carácter urgente, peligran inversiones y empleo en Castilla y León", y existirá el riesgo de paralización, cierre o deslocalización de empresas.
Además, EFCL considera que se deben extender las ayudas existentes a sectores críticos como el agroalimentario y la automoción, con un importante peso económico en la Comunidad.
La totalidad de las 170 empresas familiares que integran la asociación se están viendo afectadas por el incremento de los costes energéticos y el 92% está teniendo que asumir esta subida sin poder transferirla a sus clientes, y a casi el 70% les afecta el incremento de los precios del gas.
La facturación de las empresas que forman EFCL asciende a más de 10.000 millones de euros que suponen el 17,40% del PIB y dan empleo al 8,7% de la población ocupada de Castilla y León en el sector privado.