La decisión anunciada el pasado viernes por el consejero de Industria, Comercio y Empleo, Mariano Veganzones, de iniciar los trámites para la disolución del Serla (Servicio Regional de Relaciones Laborales de Castilla y León), continúa levantando ampollas entre los sindicatos.

"La jugada del Serla, es decir, la intención política de liquidar este organismo, es un 'sorpasso' de Vox a los sindicatos en nuestra labor de mediación laboral", denuncia Raúl Santa Eufemia, secretario autonómico de Acción Sindical y Diálogo Social de UGT en Castilla y León.

Sin embargo, la idoneidad de mantener este servicio, con un presupuesto anual de algo más de medio millón de euros, ya quedó en entredicho durante otras legislaturas. "Ni a Carlota Amigo, anterior consejera de Industria; ni a Francisco Igea, entonces vicepresidente de la Junta y ambos de Ciudadanos, les gustaba demasiado el Serla, pero nunca antes nadie se atrevió a iniciar el procedimiento para su disolución", recuerda.

Veganzones ya advirtió hace unos meses de su intención de acabar con lo que él define como "capricho sindical" y de poner fin al "monopolio sindical" en los casos de mediación laboral.

Nadie se suma a un Serla cofinanciado entre todos

Tras reunirse el pasado viernes los miembros del Patronato de la Fundación Serla (UGT, CCOO, Junta y CEOE), nadie presentó un sistema de financiación alternativo para que siga en activo este organismo, tal y como planteó en su día el propio consejero.

"El director general de Trabajo, Fernando de la Parte, nos trasladó en esa reunión que si estábamos dispuestos a cofinanciar el Serla entre sindicatos, patronal y la propia Junta de Castilla y León, pero nosotros nos negamos porque este servicio de mediación funciona en toda España con presupuesto público y es la Junta de Castilla y León quien tiene la obligatoriedad de prestar este servicio a los ciudadanos", explica.

La consejería de Industria considera que ese trabajo de mediación lo pueden desempeñar de igual manera los funcionarios de las Oficinas Territoriales de Trabajo de la propia Junta de Castilla y León. Santa Eufemia lo duda: "¿Cómo le vas a pedir a un funcionario en un conflicto como el de Lauki, que se encierre a negociar con la empresa hasta las siete de la mañana y no se mueva hasta que no haya un avance en las negociaciones? Es inviable".

De las 4.200 solicitudes individuales que gestionó el Serla el pasado año, 1.273 se resolvieron con avenencia, lo que supuso "evitar que esos conflictos llegasen a los juzgados", recuerda el sindicalista de UGT.

"Aquí sí porque gobierna Vox".

La tensa reunión mantenida el pasado viernes en Valladolid entre los miembros del Patronato de la Fundación Serla acabó con la decisión de iniciar los trámites para su disolución, dado que contó con los votos a favor de la Junta (su voto vale doble) y de CEOE.

La patronal, sin embargo, se pronunció minutos después a favor de la continuidad del Serla argumentando que es un servicio que "debe pagar la Administración", si bien salió a explicar por qué tuvieron que votar a favor de iniciar esos trámites de disolución dado que así lo establecen los estatutos de este organismo en caso de que no haya financiación para mantenerlo.

"En esa misma reunión le preguntamos a la Consejería de Industria por qué estaban haciendo esto, cuando va a generar una alarma total en toda España, y nos respondieron claramente: porque aquí sí gobierna Vox", detalla Santa Eufemia.

En este sentido, el responsable de Acción Sindical y Diálogo Social de UGT en Castilla y León, apunta a que "la parte del PP en el Gobierno se ha quitado de en medio en este asunto para no salir en una foto que les perjudica y pasarle la patata caliente a Vox", sostiene.

"El Partido Popular lo permite"

Santa Eufemia señala directamente a quienes considera responsables últimos "de que esto esté pasando". En su opinión, "la parte del PP en el Gobierno ha permitido que de hace tres meses hasta hoy todo el Serla esté en manos de Vox, que es quien maneja ahora las negociaciones".

"Mañueco ha entregado esta patata caliente a Vox para desentenderse del problema", añade.

"No nos han dicho tampoco a qué iría el dinero asignado al Serla. Pasa lo mismo con la Formación, Orientación e Inserción Laboral: dicen que lo van a hacer ellos como Administración, pero no hay partida para aumentar contratación ni funcionarios para llevarlo a cabo. Es inviable. Ningún funcionario de Oficina Territorial de Trabajo a día de hoy ha tenido una reunión para ir adaptando estos cambios", asegura.

Tras la decisión tomada el pasado viernes, ahora toca que el área jurídica del Serla elabore un informe de la situación "y cuando ésta se entregue hay que pedir al protectorado de la Junta de Castilla y León otro informe más, y con ambos deberá pasarse ya el dictamen al Gobierno autonómico", explica Santa Eufemia. Una conclusión que después se dará traslado al Patronato del Serla para que, en consecuencia, decida.

Santa Eufemia se pregunta qué se va a hacer ahora con las seis nóminas que dependen del Serla, es decir, con los trabajadores que gestionan toda la parte administrativa y judicial de los conflictos que pasan por este organismo y que fueron contratadas a través del patronato. 

"¿Cómo pueden decir que no hay presupuesto para mantener activo el Serla si la Junta lleva más de veinte años pagando esas nóminas?", pregunta.

Para argumentar la necesidad de mantener este servicio operativo, Santa Eufemia recurre a los conflictos de Auvasa que han pasado por este organismo en los últimos cinco años, "que si no llega a ser por el Serla, habrían acabado en juicio colapsando los Juzgados de Valladolid".

Ahora toca esperar a los informes que deberán elaborarse hasta decidir si el Serla se disuelve en Castilla y León y sus competencias pasan a ser absorbidas por los funcionarios de las Oficinas Territoriales de Trabajo de la Comunidad.