Los agricultores de Castilla y León ya conocen las ayudas agroambientales y de agricultura ecológica para la nueva PAC, tal y como publica hoy en el Bocyl, la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural. Unas ayudas que están incluidas dentro del marco regulatorio del Plan Estratégico de la PAC 2023-2027, y que constituyen una muestra de la compatibilidad de determinadas prácticas agrarias y ganaderas con la conservación del medio ambiente.
La Junta destaca que ha sido la primera Comunidad en regular las ayudas agroambientales y a la agricultura ecológica con el objetivo de ponerlas en marcha en este 2023. Estas medidas agroambientales consisten en suscribir, de manera voluntaria, compromisos relacionados con prácticas agrarias medioambientalmente sostenibles. De esta manera, se formaliza un contrato plurianual de, al menos, cinco años de duración, de forma que durante cada anualidad deberán solicitar el pago a través de la Solicitud Única de ayudas PAC. Previamente habrá que rellenar una convocatoria de solicitud de incorporación
El proyecto regulará durante los cinco años del periodo 2023-2027 y estará apoyado económicamente con un importe de más de 210 millones de euros.
Condiciones
El texto de la orden reguladora de estas medidas detalla el procedimiento de incorporación a estas ayudas, además, recoge las condiciones de admisibilidad, los requisitos y los compromisos que deben cumplir los titulares para poder percibir los importes correspondientes.
Estas medidas agroambientales, en el nuevo periodo 2023-2027, requieren de compromisos más exigentes que las normas de la condicionalidad reforzada, las condiciones de los ecorregímenes y las normas obligatorias de fertilización y fitosanitarios, para así poder percibir los importes que corresponde a cada medida agroambiental.
Entre ellas, se encuentra el caso de la medida agroambiental de aprovechamiento de superficies forrajeras y pastos por el ganado que, como se trata de una medida de prácticas de extensificación de la ganadería, han sido muy pocas las comunidades autónomas que la han programado en el nuevo marco comunitario. De esta forma, se trata de una de las pocas medidas agroambientales que ha visto reducida de manera drástica su programación territorial en el conjunto de España en comparación con el periodo anterior, debido principalmente a la colisión con los compromisos del ecorrégimen de pastos.
Aun así, Castilla y León ha optado por incluir esta medida en el PEPAC con una orientación hacia prácticas más exigentes, lo cual requiere que los ganaderos las puedan llevar a cabo en parcelas de su explotación, sin que exista una utilización en común con otros ganaderos. Esto no implica a priori la exclusión de parcelas adjudicadas por juntas vecinales o ayuntamientos, ni de parcelas de titularidad pública, ni similares; el requisito supone que la parcela debe ser gestionada y aprovechada por el titular del contrato agroambiental y su ganadería, para así poder cumplir los compromisos durante los cinco años de duración del contrato.
Tras la publicación de esta normativa de regulación, el proceso tendrá continuidad con la inminente convocatoria del procedimiento de incorporación para todas aquellas intervenciones previstas.