CCOO CyL ha presentado esta mañana un despido colectivo de 58 trabajadores, el 60% de su plantilla, poniendo fin al Expediente de Regulación Temporal de Empleo que fue presentado el pasado 3 de mayo. El sindicato asegura en un comunicado que ha tomado esta decisión "como consecuencia de las políticas ilegales aplicadas por Vox" en la Consejería de Industria, Comercio y Empleo de la Junta de Castilla y León, las cuales ya han sido denunciadas por CCOO en los tribunales.
La propuesta del sindicato afectaría tanto a la plantilla como a los trabajadores vinculados a los programas públicos que se desarrollan en todas las provincias de Castilla y León. Esta medida guarda similitud con la planteada en el anterior ERTE registrado en mayo.
"Comienza así el marco de negociación del despido colectivo con la pretensión de llegar a un acuerdo con el Comité Intercentros", indican desde CCOO CyL. La organización sindical espera que se logre un consenso que proteja los derechos laborales de los afectados.
Desde que Vox asumió el gobierno de Castilla y León hace aproximadamente un año y medio, con el apoyo del Partido Popular, "han sido evidentes las acciones que atentan contra las organizaciones sindicales en la región", alega CCOO CyL. "Mariano Veganzones, titular de la Consejería de Empleo, ha persistido en su empeño de destruir a las organizaciones sindicales contraviniendo la Constitución Española y la legalidad vigente", denuncia el sindicato en el mismo texto.
Una política "ilegal y perjudicial" que, recuerdan, ha llevado a CCOO CyL a iniciar hasta seis procesos judiciales contra la Junta de Castilla y León. Sin embargo, confían en que dichas acciones legales se resuelvan favorablemente en un futuro próximo.
"A pesar de enfrentar una política sectaria y de acoso por parte de la extrema derecha", CCOO CyL reafirma su compromiso de seguir trabajando como la principal fuerza sindical en la defensa de los derechos laborales en la Comunidad. El sindicato destaca que su afiliación continúa creciendo, así como el número de delegados elegidos democráticamente en los procesos electorales de las empresas. Actualmente, cuentan con cerca de 70.000 afiliados y más de 6.100 delegados en Castilla y León.
No obstante, el sindicato resalta que las cuotas de sus afiliados solo permiten mantener la actividad del propio sindicato y no la gestión y desarrollo de los programas públicos dirigidos a diversos sectores de la sociedad. Esta situación ha llevado a la presentación del despido colectivo "como medida de protesta y defensa de los derechos laborales ante las políticas ilegales de Vox" en Castilla y León.