El informe 'Análisis de la gestión del programa presupuestario Deuda Pública y su relación con el sistema de financiación y el gasto en materia de sanidad y educación, ejercicios 2004-2021', entregado por el Consejo de Cuentas en las Cortes de Castilla y León, ha permitido conocer que el déficit acumulado de financiación desde 2009 hasta 2021 en Castilla y León, calculado por la diferencia anual entre la financiación líquida recibida y el gasto social, asciende a los 5.137 millones, lo que supone una infrafinanciación de 395 millones anuales, con un 6% de promedio de gasto social no cubierto.

Por ello, el Consejo considera que la Consejería de Economía y Hacienda, en el marco de los acuerdos consensuados en la Comunidad por la Junta de Castilla y León y los grupos parlamentarios, debería promover una revisión del sistema de financiación autonómica que tenga por finalidad aproximar los recursos recibidos a las necesidades de gasto reales determinadas, mediante un estudio del coste real de un catálogo de servicios común y consensuado por todas las comunidades autónomas.

La deuda de la Comunidad alcanzó los 13.215 millones de euros en 2021, cuando en 2004 esta ascendió a 1.451 millones, y el crecimiento más significativo de la misma se produjo a partir del 2009, coincidiendo con la crisis económica y la entrada en vigor del nuevo sistema de financiación autonómica. 

Ahora bien, dicho aumento se encuentra por debajo de la media ponderada por el PIB para el conjunto de las comunidades autónomas y es menos intenso a partir de 2012. Y es que, el peso relativo que representa la deuda de Castilla y León con respecto al total de las comunidades, del 4% desde 2010, no ha variado sustancialmente en el periodo analizado. 

El informe también desvela que Castilla y León es la cuarta comunidad con una variación más negativa, únicamente superada por Andalucía, Galicia y Extremadura. El peso relativo de la Comunidad en el modelo financiación en 2002 era del 7,43%, mientras que en 2021 este dato ha descendido hasta el 6,45%. 

Y es que, si se comparan los datos de 2021 con los de 2010, año en que se incorporaron los últimos recursos adicionales del nuevo modelo de financiación, Castilla y León experimenta la mayor variación negativa de todas las comunidades, al pasar su peso relativo del 7,04% al 6,45%. Una variación negativa de 0,59 puntos que implica una pérdida estimada de 649 millones.

El gasto social (sanidad, educación y servicios sociales) por habitante en Castilla y León pasa de 2.514 a 3.219 euros de 2009 a 2021, lo que la convierte en la cuarta con mayor aumento con respecto a 2009, un 28%.

La financiación líquida procedente de la Administración del Estado recibida por la Comunidad (entendida como la suma de las entregas a cuenta más las liquidaciones definitivas, menos los reintegros de liquidaciones negativas) ascendió en 2009 a 6.629 millones, incrementándose hasta los 6.746 millones en 2021, un 2%; mientras que el gasto social pasa de 6.444 millones en 2009 a 7.672 millones en 2021, un 19% más. 

El déficit acumulado de financiación desde 2009 hasta 2021, calculado por la diferencia anual entre la financiación líquida recibida y el gasto social, asciende en Castilla y León a 6.722 millones. Descontado los recursos extraordinarios percibidos en 2020 y 2021 con motivo de la pandemia (843 y 741 millones, respectivamente), el déficit asciende a 5.137 millones. En promedio supone una infrafinanciación de 395 millones anuales, con un 6% de promedio de gasto social no cubierto.

Cabe destacar que la población ajustada como variable que mide la necesidad de gasto de los distintos servicios fundamentales, y que es determinante para el reparto del fondo de garantía de servicios públicos fundamentales, ha ido disminuyendo su peso relativo ponderado si se compara con el que tenía en 2010, año en que se incorporaron los últimos recursos adicionales del sistema de financiación autonómica.

Así, el porcentaje correspondiente a Castilla y León ha pasado del 6,23% al 5,84% en 2021. Esta variación negativa de 0,39 puntos implica una pérdida de recursos del fondo de garantía de servicios públicos fundamentales de 2021 estimado en 387 millones.

El cálculo de la población ajustada otorga un peso residual a los factores no poblacionales, concretamente un 3%, con incidencia en el coste diferencial de prestación de los servicios. Esta escasa ponderación afecta a la financiación de Castilla y León, puesto no refleja de forma suficiente las singularidades que presenta por su superficie, su dispersión y el impacto de la distribución geográfica de la población en el reparto de los recursos. A su vez, la baja densidad demográfica o el envejecimiento no están contemplados como tales en las variables poblacionales del modelo, lo cual no atiende a lo dispuesto en el Estatuto de Autonomía. 

En el cálculo de la población ajustada, el peso relativo ponderado de variables asociadas a sanidad y servicios sociales de Castilla y León baja en el periodo analizado más que ninguna otra Comunidad, un 6% y un 10%, respectivamente.

En los indicadores asociados al resto de los servicios autonómicos que no integran el gasto social, la variable principal tanto del modelo actual de financiación como del propuesto por el Ministerio, la población padrón, no es representativa de las necesidades de gasto de las comunidades en muchos servicios como infraestructuras de carreteras o transporte, conservación del medio natural, etc.

Teniendo en cuenta que el modelo actual reparte los recursos atendiendo mayoritariamente a la población, es evidente que se produce una infrafinanciación de las comunidades que tienen menos población y que se encuentran más afectadas por el impacto de las variables no poblacionales (superficie, dispersión e insularidad) sobre el coste de prestación de los servicios.

Por todo ello, el Consejo de Cuentas, además, ha recomendado a la Consejería  realizar mejoras en la gestión del programa presupuestario de la deuda, así como impulsar las medidas necesarias para que el Ministerio de Hacienda y Función Pública revise las condiciones para combinar la financiación de los mecanismos del fondo de financiación de las comunidades autónomas con la financiación en el mercado, adaptándolas a la situación presente, dado que se fijaron en un contexto diferente al actual.

Asimismo han añadido que mientras no se aborde una reforma integral del sistema de financiación lo mejor es avanzar en la construcción de una variable de población ajustada a los costes efectivos de los servicios prestados por las comunidades, con una adecuada ponderación de las variables determinantes del gasto por bloques competenciales, especialmente las no poblacionales tal y como señala el Estatuto de Autonomía, e indicadores apropiados para calcularlos, en base a la demanda de servicios, la intensidad de uso, pudiendo ajustar la misma por medio de variables correctivas que puedan incidir significativamente sobre los costes medios por usuario de los servicios relevantes en los distintos territorios. 

Cabe destacar que este trabajo ha sido llevado a cabo con el fin de realizar una auditoría operativa con la que evaluar el sistema de gestión del programa presupuestario de deuda pública de la Administración autonómica; y que para su elaboración se ha utilizado información de las cuentas anuales de la Comunidad, del Banco de España, del Ministerio de Hacienda y Función Pública y del INE, además de la proporcionada por la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León.