Es la eterna duda. ¿Te gustaría trabajar menos tiempo por el mismo sueldo? Una pregunta que parece tener respuesta clara, pero que no lo es así. Y es que uno de cada cuatro castellanos y leoneses que tienen empleo está en contra de que se reduzca la jornada laboral a 35 horas manteniendo el mismo salario. Claro, la inmensa mayoría, 77% está a favor, si no ve reducido su salario, pero es uno de los porcentajes más bajos del conjunto de las comunidades autónomas. Solo es menor en Baleares, donde un 72% de los ocupados se muestra a favor de la jornada de 35 horas con el mismo sueldo, y en Asturias con un 74%.

Todos estos datos se han extraído de la VII Encuesta de Percepción Social de la Innovación en España (EPSI), que ha sido elaborada por Cotec y Sigma Dos, en la que también se ha preguntado a sobre la reducción de la jornada laboral y, en concreto, a 35 horas en lugar de las 40 actuales. El estudio con todos los datos se puede consultar aquí.

Hay que recordar que la intención del Gobierno es reducir la jornada laboral de manera progresiva hasta las 37,5 horas sin merma de las retribuciones salariales para mejorar la compatibilidad del tiempo de trabajo con el resto de los usos del tiempo. Más allá de posibles medidas legislativas, la mayoría de los ciudadanos cree que la reducción de la jornada laboral llegará como consecuencia del cambio tecnológico.

En España, ese porcentaje sube al 81% de los ocupados mientras un 16% se muestra en contra y un 2,5% que se reserva su opinión. Si ocho de cada 10 trabajadores españoles se muestran a favor en esas condiciones, siete de cada 10 estarían en contra de que la reducción de la jornada laboral implicara un recorte salarial. Un 25% sí sería partidario aunque supusiera cobrar menos. Los trabajadores de Canarias y País Vasco son los más favorables a una jornada laboral de 35 horas sin recorte salarial, con un porcentaje en ambos territorios del 86%.

Por otro lado, este informe también recoge que Castilla y León es la segunda autonomía española en la que los ciudadanos “más demandan priorizar la inversión en I+D+i entre las políticas de gasto público”. En concreto, de una escala de cero a cinco puntos, los habitantes de Asturias otorgan a estas políticas un 2,92 seguida esa puntuación por una 2,87 en Castilla y León; frente a una media nacional de 2,6. En el extremo opuesto, indica el informe, estarían los catalanes, con un 2,29