Un grupo de vascos bailando
Castilla y León y las otras comunidades pobres pagan el déficit de 4.000 millones de pensiones del País Vasco
El doctor en Economía Miguel Ángel García ha denunciado que ha nacido "un nuevo concepto de solidaridad" en España en el que "los pobres financian a los ricos".
3 octubre, 2024 07:00Noticias relacionadas
La financiación autonómica está en boca de todos. Las negociaciones entre el PSOE y Junts para la investidura de Pedro Sánchez y el anuncio de una financiación singular para Cataluña, a cambio del apoyo de ERC a la investidura de Salvador Illa, han trasladado a la agenda pública una cuestión crucial para los ciudadanos.
Muchas comunidades, entre las que se encuentra Castilla y León, han protestado contra ese concierto económico, que permitiría a Cataluña recaudar el 100% de los impuestos, y han alertado de que atentaría contra la igualdad entre los españoles. Una idea muy repetida por el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco.
La mayor parte de las comunidades autónomas han rechazado ese "privilegio" para Cataluña y han abogado por una negociación multilateral de la financiación autonómica en el Consejo de Política Fiscal y Financiera para reformar un modelo que tiene ya 15 años.
El principal objetivo para Castilla y León, trasladado en multitud de ocasiones por la Junta, es que en esa futura reforma se tengan en cuenta las características particulares de la Comunidad, especialmente la dispersión territorial, la despoblación y el envejecimiento de los ciudadanos.
Pero si Cataluña finalmente adquiere ese estatus privilegiado no será la única en contar con él. Existe otra financiación singular, basada en unos supuestos derechos históricos, que no suele estar en el foco mediático: el concierto económico con el que cuentan tanto País Vasco como la Comunidad Foral de Navarra.
El cupo vasconavarro
La financiación del País Vasco y de Navarra es diferente a la del resto de comunidades autónomas de España y su modelo es muy similar al que aspira a conseguir Cataluña a través de sus negociaciones con el Gobierno de España.
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País Vasco y Navarra recaudan sus propios impuestos y después compensan al Estado central por los servicios que son proporcionados por este, al no contar esas comunidades con competencias, como es el caso de la política de Exteriores o de Defensa. Es a esa compensación a la que se denomina el cupo.
Se trata de un modelo heredado del final de la Tercera Guerra Carlista (1876), cuando se implantó un sistema de colaboración entre las provincias vascas, que hasta ese momento habían gestionado sus propios recursos en base a sus fueros, y el Estado central.
El concierto económico desapareció durante el franquismo y hasta 1980 solo la provincia de Álava lo mantuvo por su apoyo al bando sublevado. Desde 1981, después de reconocerse los derechos históricos de los territorios forales en la Constitución de 1978 y el Estatuto, se aplica el concierto que actualmente está en vigor.
El déficit de pensiones
Con todo, la realidad es que el cálculo del cupo vasco se lleva a cabo más desde la política, en base a las alianzas parlamentarias que se produzcan en cada momento, que desde un punto de vista técnico y esta situación ha conducido a importantes desajustes, especialmente en lo que se refiere a las pensiones.
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, aceptó en mayo de 2017 rebajar el cupo vasco, es decir esa compensación al Estado, en más de 500 millones para salvar los Presupuestos Generales del Estado de aquel año.
Una decisión que coincidió con el agotamiento del Fondo de Reserva de la Seguridad Social, al año siguiente, con el que se pagaba el déficit en las pensiones existente desde 2010.
En ese momento, el Estado comenzó a hacer transferencias desde los Presupuestos Generales a la Seguridad Social que han pasado de los 18.000 millones de 2018 a los 38.700 de 2023.
Sin embargo, a pesar de este aumento del gasto en pensiones, el cupo vasco y navarro no han aumentado en base a un problema que afecta especialmente al País Vasco, ya que cuenta con un 7% del gasto de pensiones en España.
Actualmente, el cupo vasco se encuentra en torno a los 1.500 millones y el navarro en los 800 millones, pero si se tuviese en cuenta la financiación del déficit de la Seguridad Social debería aproximarse a los 3.000 millones en el caso del País Vasco y a los 1.200 millones en el caso de Navarra.
Una realidad que ha conducido a que, en estos momentos, el déficit de pensiones en ambas comunidades se esté cubriendo con impuestos que no pagan los ciudadanos que viven en esas comunidades, sino los de las más pobres, entre ellas Castilla y León, siendo dos de las comunidades con más PIB per cápita.
"Los pobres financian a los ricos"
Miguel Ángel García, doctor en Economía, profesor de Economía Aplicada en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) e investigador asociado de Fedea ha denunciado en su cuenta de la red social X que "ha nacido un nuevo concepto de solidaridad en España en el que los pobres financian a los ricos".
"País Vasco, con la segunda renta por habitante más alta (127,2 sobre 100) recibirá del resto de España 4.269,51 millones de euros (1.929,76 euros por habitante) para pagar su déficit de pensiones", ha señalado.
Una denuncia que llega a colación de la petición del PNV al Gobierno de Sánchez de recibir el traspaso completo de la competencia de Seguridad Social, aprovechando la negociación del concierto para Cataluña, de los Presupuestos para 2025 y la situación de debilidad parlamentaria del Ejecutivo central.
Una medida que concedería una mayor independencia fiscal al País Vasco ya que le permitiría manejar su propia hucha de las pensiones de forma independiente. El plan, que fue presentado el pasado martes por la portavoz del Gobierno vasco, María Ubarretxena, prevé que España aporte 4.000 millones de euros.
"Es un escándalo"
El procurador del Grupo Mixto en las Cortes Francisco Igea ha calificado de "escándalo" esta situación, en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León.
"Este cálculo del cupo vasco lo hizo el PP para mantener a Rajoy y la trampa es que en el cálculo del cupo, es decir, la cantidad que el País Vasco paga por los servicios que le presta el Estado, no se incluye el pago del déficit de la caja de la seguridad social que se cubre con impuestos", ha afirmado.
Igea ha incidido en que lo que no alcanzan a cubrir las cotizaciones "lo cubre el Estado con impuestos". "Es un escándalo, son del orden de 4.000 millones de euros", ha señalado.
Una realidad que provoca que los ciudadanos de Castilla y León, con una renta per cápita de 95,8 sobre 100, paguen con sus impuestos el déficit de pensiones de los ciudadanos del País Vasco, una comunidad que cuenta con 30 puntos más.
Un modelo que es el que trata de emular Cataluña, que también tiene un déficit de 5.000 millones de euros con el Estado, con su petición de financiación singular y que, de acordarse, terminaría perjudicando también a los ciudadanos de la Comunidad y a los de otras autonomías menos favorecidas.