El presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León, Mario Amilivia, estima que la Junta cumple "razonablemente" con la legalidad aplicable a la contratación menor realizada en el ejercicio 2021, según los expedientes de la entidad examinados conforme a la Ley de Contratos del Sector Público.

Amilivia comparecía este lunes en la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes para presentar un informe de fiscalización sobre la contratación menor realizada por la Junta en el 2021.

Un estudio que abarca los 17.759 contratos calificados como menores que figuran en el Registro Público de Contratos de Castilla y León y que representan un importe de 87,8 millones de euros.

En este sentido, cabe aclarar que se consideran contratos menores los de importe inferior a 40.000 euros, cuando se trata de obras, o a 15.000 euros, cuando se trata de suministros o servicios.

Entre los 17.759 contratos menores registrados se han incluido 156 (0,8%) que no eran susceptibles de este tipo de tramitación, bien por su naturaleza, bien por su importe, o en los que no se justifica su calificación como contrato menor.

Por los órganos de contratación se cumplen las obligaciones de publicidad en el perfil de contratante, alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público, excepto en 243 contratos, que representan el 1,3% del total.

Con carácter general, también cumplen las obligaciones de publicidad establecidas en la Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

Con carácter general, según explicó Amilivia, se ha cumplido con la legalidad en la tramitación de los expedientes, excepto en los siguientes casos: dos contratos se tramitaron como contratos menores cuando, atendiendo a su importe o al resto de circunstancias concurrentes, no reunían los requisitos.

En nueve expedientes se produjeron incidencias relacionadas con el informe justificativo de la necesidad y objeto del contrato; en once expedientes existen deficiencias en dos la aprobación del gasto.

En 52 contratos (26% de la muestra) no existe documento que certifique la existencia de crédito adecuado y suficiente, con carácter previo o simultáneo a la aprobación del gasto, o existen otras incidencias en su acreditación.

Y, por otro lado, en 8 de los 46 contratos de obras examinados, el 17% de estos, no figura el presupuesto, o presenta defectos u omisiones importantes.

Los órganos de contratación han cumplido, con carácter general, con las directrices vinculantes establecidas por la Junta, al solicitar un mínimo de tres ofertas o, en su defecto, informar de la imposibilidad de su realización, en los 177 contratos de la muestra en los que era preceptivo, excepto en 10 expedientes.

En los expedientes en los que figura haberse solicitado varias ofertas se justifica la selección del contratista, o la oferta seleccionada es la de menor importe, salvo en seis, donde no están suficientemente motivados los criterios utilizados o falta coherencia entre los utilizados y los establecidos previamente para la adjudicación.

En ninguno de los expedientes de la muestra se ha hecho uso de la posibilidad de introducir aspectos sociales en la contratación. Análisis del fraccionamiento del objeto de los contratos.

Analizado el concepto que consta en la base de datos aportado en los 17.606 contratos menores de obras, servicios y suministros, se han identificado 140 (el 0,8% del total) en los que puede existir un posible fraccionamiento del contrato.

Estadísticas

En obras, en los 20 principales órganos de contratación se concentra el 59,1 por ciento de los contratos y el 74,7% del importe total. Las 20 empresas que más adjudicaciones han obtenido constituyen el 13,2 por ciento del número total de estos contratos y el 19 por ciento del importe.

En servicios no publicitarios, los 20 principales órganos de contratación concentran el 47,7% del número total de estos contratos y el 57% del importe total. Las 20 empresas que más adjudicaciones han obtenido constituyen el 4,6 por ciento del número total de estos contratos y el 10,9% del importe total.

En servicios publicitarios, suponen el 52,2% de los contratos menores de servicios adjudicados y el 30,5% del importe total. Las 20 empresas que más adjudicaciones han obtenido constituyen el 29,6% del número total de estos contratos y el 53,5 por ciento del importe total.

En suministros, los 20 principales órganos de contratación concentran el 46% del número total de estos contratos y el 52,5 por ciento del importe total. Las 20 empresas que más adjudicaciones han obtenido constituyen el 11,6% del número total contratos y el 20,5% del importe total.

Recomendaciones

Durante su intervención, Amilivia realizó dos recomendaciones. La primera de ellas es que los órganos de contratación deben "extremar los esfuerzos" para que en la tramitación de los contratos menores se incluyan los documentos preceptivos.

Especialmente, apostillaba, el informe de necesidad, la aprobación del gasto, el documento que certifica la existencia de crédito, así como, en los contratos de obras, el presupuesto.

Finalmente, en la tramitación de los contratos menores, susceptibles de contratación conjunta, los órganos de contratación deberán valorar sistemáticamente las razones de eficiencia que justifique una contratación separada.

De este modo, deben impedir que la contratación menor tenga el efecto no deseado de impedir la obtención de mejores prestaciones y mejores precios.

Una mejora en la normativa

Todos los grupos políticos con representación de las Cortes de Castilla y León apuntaron hoy a la necesidad de mejorar la normativa que regula el uso de los contratos menores.

Desde el Partido Popular, el procurador David Beltrán, reclamó que para prevenir la fragmentación de contratos menores éstos deben ser monitorizados para que no se comprometa la competitividad y se garantice el acceso en condiciones de igualdad.

A la vez que planteó que existen áreas de mejora para que este tipo de contratación sea más “eficiente, transparente y justa”. También advirtió que el PP siempre acepta este tipo de recomendaciones, aunque luego la Junta “nunca las cumple”.

Mientras tanto, desde el Grupo Socialista Laura Peregrina, denunció que en ningún contrato menor se han introducido aspectos sociales y argumentó la necesidad de una mayor transparencia y de establecer criterios objetivos en el reparto de la publicidad institucional, para que no se convierta en una “herramienta partidista”.

Desde Vox, Javier Teira reconoció que con el uso de la contratación menor se genera una dicotomía entre la agilidad y la eficacia, y la legalidad, e insistió en la necesidad de reforzar la normativa para evitar la falta de competitividad y el favoritismo.

Y también reclamó mecanismos más estrictos para evitar la fragmentación de los contratos. “Hay que introducir mejoras en la legalidad. Además de ser decentes, también hay parecerlo”, sentenció.

Mientras tanto, desde el Grupo UPL-Soria Ya, José Ramón García, también reclamó a la Junta que acepte las recomendaciones, ya que las irregularidades en este tipo de contratos generan muchas dudas sobre lo que debe de ser una administración ejemplar.

Además, también reclamó que desde el Gobierno autonómico se den explicaciones, en especial por las partidas destinadas a medios de comunicación.

"Pseudomedios"

Por último, desde el Grupo Mixto, Pablo Fernández (Unidas Podemos), lamentó que la Junta no sea “escrupulosa en el cumplimiento de la legalidad y transparencia” en esta materia.

Denunció que  buena parte de los contratos menores benefician a “pseudomedios de comunicación que solo se dedican a difundir bulos y mentiras para dañar a los adversarios políticos del PP y glorificar a Mañueco”.

En este sentido, aseguró que se trata de una “técnica torticera” y que bordea la legalidad, por lo que no descartó iniciar accione legales.

Además, aseguró que el 0,8% de los contratos a los que presumiblemente se ha recurrido a la fragmentación, según se desprende del informe del Consejo de Cuentas, suponen 2,1 millones de euros, “que van a manos de empresas propiedad de amigos íntimos del Partido Popular”.