Imagen de archivo de una vivienda en alquiler

Imagen de archivo de una vivienda en alquiler Shutterstock

Economía

Los propietarios de vivienda en alquiler asumirán los impagos durante más de un año: esta es la situación en Castilla y León

Los efectos del seguro de impago del alquiler del nuevo decreto ómnibus se harán notar en la Comunidad ante la no implantación de una medida anunciada por Mañueco.

Más información: Novedades en el alquiler de vivienda: la Junta asegurará el cobro de la renta y posibles desperfectos al propietario

Publicada

Noticias relacionadas

La vivienda se ha convertido en uno de los principales problemas para una gran mayoría de españoles. Las dificultades para acceder a una vivienda en propiedad, a causa de los desequilibrios entre la oferta y la demanda y el incremento de los precios, han generado una situación límite para muchas personas.

También se ha vuelto problemático el acceso a un alquiler asequible, especialmente para los jóvenes, viéndose muchos de ellos obligados a seguir residiendo en el domicilio familiar o a compartir piso pasados los 30 años, alargando de forma antinatural un estilo de vida estudiantil y dificultando tener un proyecto de vida propio.

Para afrontar esta situación, el Gobierno de España ha impulsado distintas iniciativas para garantizar el acceso a una vivienda asequible y en el nuevo decreto ómnibus, acordado esta semana con Junts, ha introducido un sistema público de avales y garantías para propietarios e inquilinos

Pero este seguro de impago del alquiler tiene algunos aspectos escondidos que son negativos para los propietarios ya que sólo funcionara para aquellos que participen en el denominado como alquiler asequible. Por tanto, el alquiler no debe superar el índice estatal de referencia fijado por el Ministerio de Vivienda.

El objetivo del aval es el de garantizar al casero el pago de todas las rentas o mensualidades impagadas pero, según se lee en el decreto, esto solo se producirá "hasta que la propiedad recupere la posesión de la vivienda".

En el caso de los inquiokupas, el fondo también costeará los daños causados en la finca "por culpa del arrendamiento" y el coste de los suministros debidos "que hayan sido asumidos por la propiedad".

Pero, según ha adelantado Invertia, el cobro de tales gastos no está configurado como un mecanismo inmediato. "Es preceptivo que el propietario presente una solicitud para el cobro de las cantidades debidas y avaladas en el plazo de seis meses desde la recuperación", ha explicado Carlos Sánchez, de Alquiler Seguro.

Los costes serán asumidos "exclusivamente por el arrendador aun cuando se encuentre bajo el paraguas de este instrumento y, desde el primer mes de impago, hasta percibir la compensación vía aval, puede transcurrir un año o más". Un periodo en el que el propietario tendrá que hacerse cargo de todos los gastos.

Castilla y León

En Castilla y León, el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, anunció en el mes de septiembre una iniciativa para garantizar el "aseguramiento del cobro de la renta y cobertura de desperfectos al final del arrendamiento y con el compromiso por parte del propietario de asumir un precio asequible".

"El objetivo es incrementar la oferta de alquiler asequible y colaborar con el sector privado para lograrlo", aseguraba el presidente de la Junta. Se trata de una medida que, según han confirmado fuentes del Gobierno autonómico, aún no se ha puesto en marcha en la Comunidad cuatro meses después de haber sido anunciada.

Por tanto, por el momento, la situación previsiblemente generada por el nuevo decreto ómnibus, cuya convalidación está previsto que apoyen tanto Junts como el PP en el Congreso, afectará también a los propietarios de Castilla y León hasta que no entre en funcionamiento la medida anunciada por el presidente de la Junta.

Mañueco aseguró que con esa medida se ofrecería "seguridad al propietario y al mercado del alquiler, por un lado", y por otro se fomentaría "el incremento de la oferta" para que crezca "el alquiler asequible para las familias y las personas de Castilla y León".

El presidente de la Junta aseguró además que esta medida se pondría en marcha "de forma coordinada con el sector privado", en especial con el sector inmobiliario. De momento, se desconocen más datos y la fecha de puesta en marcha de la iniciativa que podría paliar esos efectos negativos para los propietarios de la Comunidad.