Las solicitudes de ayuda para la vendimia en verde  en la provincia de León, de la DO Bierzo y DO León, cuyo plazo finaliza hoy martes día 23, van a ser testimoniales tanto en número de solicitudes como en hectáreas acogidas. A pesar de que muchos productores no tienen garantizada la venta de la uva, y otros muchos temen que los precios de mercado no compensen los gastos, a la hora de solicitar las ayudas a la vendimia en verde se han encontrado con trabas administrativas insalvables que no le han permitido presentar el expediente, y en otros casos, a pesar de haberse presentado, les será denegado.

Al problema de dejar excluidas las fincas de menos de 0,3 hectáreas, que afecta sobre todo al minifundismo de la DO Bierzo, se ha sumado la circunstancia de que una gran mayoría de los viticultores no han presentado nunca o alguna de las tres campañas de referencia la denominada “declaración de cosecha”, un trámite administrativo que hay que hacer todos los años, antes del 10 de diciembre, que consiste en indicar la producción de uva comercializada en la explotación, como establece el R.D. 739/2015. Le corresponde a la Junta de Castilla y León la recepción y procesado de esta documentación.

Siendo obligación del viticultor cumplir con esta normativa, y por lo tanto el responsable de no haberlo hecho, ASAJA no entiende que la Junta de Castilla y León, ante un incumplimiento generalizado año tras año, no haya tomado medidas para informar al sector de sus obligaciones, o si se quiere, que no haya ejercido la obligación de control que establece el Reglamento europeo en esta materia. Por lo que ha podido comprobar ASAJA al tramitar estas ayudas a la vendimia en verde, la mayoría de los viticultores que sí han hecho la declaración de cosecha coinciden con bodegas que a su vez tienen viñas, y que además de la declaración de producción de uva tienen que declarar la elaboración y existencias de vino.

ASAJA exige que esta constatación de la realidad sirva para poner claridad al sector vitivinícola de la provincia. Claridad que ha de empezar por poner al día el registro vitícola – competencia de la consejería de Agricultura-, en el que todavía constan miles de hectáreas ya inexistentes; por un control exhaustivo de las normas de producción y comercialización fijadas por los consejos reguladores; y por unos datos fiables de producción de uva que se basen en unas declaraciones de cosecha que la administración ha de controlar para que se hagan y se hagan correctamente.