La Guardia Civil ha llevado a cabo una operación denominada 'Pacquiao' que ha resultado en la investigación de 22 individuos y 8 entidades legales por su presunta implicación en un sistema de fraude relacionado con subvenciones de la Unión Europea destinadas a la sanidad y el bienestar animal.

La investigación se inició en junio de 2022 cuando se descubrió una trama que presuntamente estaba falsificando las condiciones requeridas para obtener ilegalmente ayudas de la Política Agrícola Común (PAC). Presuntamente esta trama operaba en colaboración con personal de la administración perteneciente a la Junta de Castilla y León, específicamente de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural.

Las subvenciones de la PAC tienen como objetivo respaldar las rentas de agricultores y ganaderos para fomentar la agricultura y garantizar la producción de alimentos seguros. Estas ayudas se otorgan a nivel autonómico y están vinculadas a la tenencia de tierras y a la actividad agrícola en esas tierras.

En esta operación, se investigaron ayudas otorgadas por la realización de pastoreo con animales destinados al consumo humano en terrenos asignados a cada solicitante. Sin embargo, se ha descubierto que los ganaderos implicados simulaban el pastoreo en terrenos de la provincia de Palencia sin que los animales salieran realmente de sus explotaciones intensivas, donde se engordaban en un tiempo mínimo. Como resultado, los ganaderos recibían alrededor de 45,000 euros anuales de forma ilícita.

Además, se ha demostrado que los terrenos para los que se otorgaban las ayudas de la PAC eran transferidos de manera fraudulenta a ganaderos del sur de España, quienes llevaban su ganado a estos pastos para la trashumancia, obteniendo un beneficio doble ilegal al usar los mismos terrenos.

La trama estaba liderada por el Jefe de la Sección Agraria Comarcal (SAC), que validaba y gestionaba los expedientes fraudulentos, ignorando las advertencias de los técnicos de la administración. Curiosamente, la veterinaria encargada de inspeccionar el ganado era la pareja del Jefe de la SAC y no realizó ninguna inspección de campo durante el período en que se cometieron los ilícitos.

El presidente de la Junta Vecinal, hermano del Jefe de la SAC, emitía certificados de uso de pastos fraudulentos, un documento necesario para solicitar las ayudas. Personas relacionadas con el Jefe de la SAC y vinculadas a una asociación de defensa del ganadero facilitaban las gestiones para que los ganaderos obtuvieran el beneficio ilícito.

Más de un millón de euros

Se estima que el beneficio económico obtenido supera el millón de euros. Como parte de la investigación patrimonial, se han congelado 96 propiedades por un valor superior a los cuatro millones de euros para hacer frente a las responsabilidades derivadas de los delitos.

Los investigados enfrentan cargos por fraude de subvenciones, prevaricación administrativa, falsedad documental y estafa. Se han detectado irregularidades en el cobro de subvenciones por parte de ganaderos en varias provincias, incluyendo Palencia, Zamora, Valladolid, Segovia, Ávila, Salamanca y Cantabria.

Esta operación, la primera realizada por una unidad del Seprona en colaboración con la Fiscalía Europea, fue llevada a cabo por la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (UCOMA) con la colaboración de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Palencia.