El Bocyl publicaba esta semana la modificación de la Ley de Sanidad Animal que define la figura de veterinario autorizado o habilitado. Un escrito que ha traído cola, tanto por su contenido como por lo que este va a suponer en el sector, y que ha puesto en el mismo lado de la balanza a veterinarios y a empresarios ganaderos.
La actual ley databa de 1994, y se establece que el ejercicio de determinadas funciones en materia de sanidad animal podrá ser delegado, de conformidad con la normativa europea, mediante la habilitación de profesionales veterinarios, la acreditación de agentes certificadores y la celebración de contratos en los términos previstos en la normativa de contratación del sector público.
En todo caso, indican que corresponden a la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural las potestades de dirección, organización, control e inspección. Además, indican que se podrá habilitar a profesionales veterinarios para realizar actividades sanitarias en el marco de los programas sanitarios nacionales y autonómicos de cara a la vigilancia, control y erradicación de enfermedades.
La ganadería, en Castilla y León, es un sector vital, y en dicha ley se indica la preocupación por la enfermedad hemorrágica epizoótica, detectada por primera vez en 2023, con una expansión inesperada y efectos desconocidos y alarmantes. Algo en lo que todos los sectores están de acuerdo, al igual en mirar de reojo esta nueva normativa.
“Los veterinarios no podemos ser juez y parte”
Con toda la información en la mano, el presidente del colegio de veterinarios de Valladolid, Rufino Álamo Sanz, considera que, al menos, la modificación es “sorpresiva”, ya que desde la Pandemia, hemos aprendido que la ciencia debe regir este ámbito y parece que no va a ser así. El cambio ha debido deberse a otras razones y no a las epidemiológicas o científicas. Porque con cómo estaba todo, había 3 provincias exentas de tuberculosis y otras tres al borde.
Expone que “hasta ahora, la Administración, con sus veterinarios oficiales, realizaba directamente el 50% del saneamiento ganadero ante la tuberculosis, delegando el otro 50% en una empresa contratada. Ahora, se permite que cualquier persona que pueda pagarlo contrate directamente a veterinarios habilitados por la Consejería”.
“Nos preocupa más la interrelación con la salud pública, que entendemos que se está estudiado”, pero cualquier medida sin aval es peligrosa, puntualiza Álamo. El primer objetivo de la ganadería es que el producto vaya sano al consumo final y, con estas medidas, asegura, lo que se provoca es una bajada en las medidas de control.
Desde el Colegio entendemos que no existían evidencias para el cambio y que se ha producido para dar respuesta a una fuerza como son las manifestaciones y eso es algo muy peligroso, porque mandas un mensaje difuso, nos comenta. Con esta modificación de que cualquier veterinario pueda emitir un informe es como si para pasar la ITV vas a tu taller de confianza, bromea.
“El veterinario no puede ser juez y parte, porque somos los garantes de lo que pasa al consumo final”, indica Álamo y que sea pagado por el ganadero, coarta algo su decisión, aunque esperemos que eso no pase.
Para Álamo sería más importante que se analizara la proliferación de animales silvestres y su contacto con los animales domésticos, “que eso hace que los casos aumenten”, ya que no hay control sobre la sobreabundancia de los animales silvestres.
“La ley va en contra de nosotros”
Por su parte, desde el otro sector afectado, los ganaderos, consideran que cada vez es más difícil dedicarse a ese mundo, puesto que “todos son trabas”, apuntan desde la empresa lagunera Gutiérrez-Pérez. A eso hay que sumar que nos roban por todos los lados, indican. Lo hacen con el material, dicen, con denuncias, y también desde la burocracia, donde “nos quieren tener controlados”.
Esta medida, apuntan, nos ha dejado “desorientados” y no sabemos a qué atenernos, porque parece que “toda la ley va en contra nuestra”. Factores que se unen a que empezar de cero en el negocio de la ganadería es imposible ahora mismo, señalan, porque todos son gastos y trabas.
Ellos están desencantados aunque seguirán al pie del cañón expectantes para saber por dónde transcurre esta normativa. Hasta ese momento Gutiérrez-Pérez se levantarán cada día para sacar adelante el único rebaño de ovejas de Laguna de Duero.