Las organizaciones sindicales CCOO y UGT de Castilla y León han querido manifestar su preocupación por la “grave deriva de las políticas activas y del funcionamiento del Servicio Público de Empleo” tras la dimisión del Viceconsejero de Dinamización Laboral, Óscar Villanueva, que deja por segunda vez en tres meses sin Gerencia a este organismo, que, para los sindicatos, “tiene la responsabilidad de gestionar, no solo los fondos propios de la Junta, sino sobre todo los procedentes de transferencias del Estado, para la prestación de servicios a los ciudadanos asegurando su derecho a ser apoyados para el acceso al empleo y la mejora profesional”. Ayer, el consejero de Industria, Mariano Veganzones, aseguró que “todo funcionaba con normalidad”.
Los sindicatos recuerdan que estos recursos se han visto reforzados este último año, “apoyados como otras políticas públicas, por los fondos europeos”. Unos recursos que proceden tanto del Ministerio de Educación y Formación Profesional como del Ministerio de Trabajo. “Algunos de ellos fueron objeto de transferencia hace casi un año (caso de la primera transferencia del Programa de cualificación y recualificación de trabajadores), otros llevan ya varios meses asignados. Pero ninguno se ha convocado hasta el momento, con lo que existe el riesgo cada vez mayor de que no puedan adjudicarse y ejecutarse y deban ser devueltos”.
Por eso, las tres organizaciones presentes en el Consejo de Empleo han manifestado su rechazo a las cuatro bases reguladoras de formación ya publicadas, que excluyen cualquier criterio de calidad en la valoración de las entidades concesionarias de la formación, iniciada la tercera semana de septiembre, por lo que temen que “ni siquiera haya convocatorias de esos programas, quedando sin este servicio los trabajadores y trabajadoras desempleados y ocupados, cuando más recursos y más prioridad se le da a estas políticas desde todas las Administraciones”.
Además, los sindicatos han recibido comunicación expresa de que no se convocará ningún programa de orientación, aunque la transferencia del Estado para ese eje supera los 29 millones de euros en este año 2022: “No sabemos cómo van a gestionarse esos recursos o si la idea es devolverlos también al Estado, y suprimir los servicios, como muestra de austeridad y buen gobierno. Anunció el Consejero que este servicio va a prestarlo el propio Ecyl pero no se ve cómo va a hacerse eso sin que haya ningún proyecto de incrementar los recursos y los medios de las Oficinas de Empleo para ello”.
En este sentido, para los sindicatos, “no se ve muy coherente esa voluntad con la decisión, también la semana pasada, de suprimir el programa de prospectores de empleo, que había reforzado con cien efectivos a las oficinas del Servicio Público de Empleo, y que en la práctica estaba contribuyendo a aliviar, aunque fuera muy parcialmente la falta de personal que afecta a esas oficinas”.
Reestructurar la Consejería
A CCOOO y UGT les llama la atención que, al dimitir, el Viceconsejero no haya hecho ninguna referencia al Servicio Público de Empleo, del que también era Gerente, según dijo al asumir el cargo, para gestionarlo más directamente, por lo que, al respecto, han aseverado que desconocen “qué diagnóstico habrá hecho el ya exviceconsejero sobre el Ecyl ni qué propuestas de mejora habrá dejado planteadas en el magnífico trabajo que supuestamente ha hecho para reestructurar la Consejería, suprimiendo de paso su propio puesto, aparentemente por pura eficiencia”.
Los portavoces sindicales aseguran que, “en medio de todo este despropósito, lo único evidente es que estamos a punto de perder más de 100M€ provenientes del Estado para políticas de formación y orientación profesional”. Hay que tener en cuenta que esta pérdida provocará la reducción de las transferencias a Castilla y León en próximos ejercicios relacionadas con las Políticas de formación y orientación “que son deberes de la Administración y consiguientes derechos para los trabajadores, sobre todo los desempleados”.
Ambos sindicatos han demandado al Gobierno y al Presidente de la Junta que intervenga con “urgencia para asegurar el gobierno y buen funcionamiento del Ecyl”, y el pleno cumplimiento de sus funciones, “impidiendo que continúe la actual deriva y el desaprovechamiento de recursos públicos destinados a prestar servicios a los ciudadanos y ciudadanas de la Comunidad”.
Según UGT y CCOO, “Castilla y León no puede permitirse este abandono a las personas y a sus derechos, constitucionales y legales. La situación de despoblación creciente y debilidad económica, entre otros factores de la comunidad, exigen un esfuerzo de las políticas activas por apoyar el desarrollo y la cohesión social y territorial, aunque parece que la Consejería responsable de estas políticas no lo ve o simplemente le es indiferente”, critican en un comunicado.