En plena crisis por el precio de los alimentos, con un IPC Alimentario que se situó en el 13,8% en agosto, la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (Asedas) se ha reunido hoy en Valladolid con la Asociación de Empresarios de Supermercados de Castilla y León (Asucyl) y el resto de asociaciones del país, para exigir al Gobierno de Pedro Sánchez un marco jurídico que los considere sector esencial.
Un requerimiento que justifican por la necesidad de estar protegidos frente a escaladas tan abruptas en el precio de los alimentos como la actual, y tras haber demostrado su importancia y eficacia durante la pandemia consiguiendo abastecer sin roturas de stock a toda la población española.
Además, los representantes de los supermercados han solicitado bajar el IVA de los alimentos así como un marco fiscal más beneficioso para que los costes de la energía y de los carburantes se ajusten y así los precios finales puedan bajar.
Con el debate centrado en dónde se engordan los precios de los alimentos hasta que llegan a los supermercados, Ignacio García Magazo, director general de Asedas (Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados), ha recordado hoy que "es el de la Distribución el sector que de toda la cadena alimentaria menos margen tiene porque trabaja por volumen".
La crisis de precios está afectando también a los supermercados de Castilla y León, que están comprobando cómo "ha disminuido el ticket medio de compra y se ha incrementado el número de veces que el ciudadano acude a hacer la compra precisamente por la pérdida de poder adquisitivo de la población", asegura José Daniel Posadas, presidente de Asucyl (Asociación de Empresarios de Supermercados de Castilla y León).
Un sector, el de la Distribución, que genera 14.000 empleos directos en la Comunidad (el 75% de los cuales son mujeres y con contrato indefinido) con un volumen de negocio de más de 2.750 millones de euros en 2021 y una balanza comercial que es positiva para Castilla y León dado que "compramos productos a proveedores de la Comunidad por encima de los 3.000 millones de euros", indica Posadas. De hecho, el 75% de los metros cuadrados de superficie comercial son supermercados, según los datos que maneja esta asociación.
Se trata de un sector muy atomizado que "permite un alto nivel de competencia que favorece al cliente con precios muy estables y una mayor libertad para el consumidor a la hora de elegir dónde comprar. En Castilla y León los diez principales operadores han pasado a representar un 74% de la cuota de mercado en 2021", ha recordado Posadas.
Castilla y León representa un 18% de España en superficie "pero sólo tenemos un 5% de la población y además, el 28% de los municipios, es decir: una gran dispersión geográfica que sería mayor de no existir supermercados en todo el ámbito de la Comunidad, también en poblaciones muy pequeñas", ha añadido.
La densidad comercial, es decir, cuántos metros cuadrados de tienda hay por cada mil habitantes, "es superior a la media nacional, por lo que las empresas de supermercados de Castilla y León están haciendo un esfuerzo importante para abastecer también al medio rural", ha insistido.
Más inversión y presencia en el medio rural
El complicado escenario de escalada de precios en el que se encuentra el sector de la Distribución ha animado a Asucyl a trasladar a la opinión pública sus datos para defender los intereses de los empresarios de supermercados en una Comunidad donde "el 35% de la superficie comercial ha sido renovada con mejoras en las tiendas para dar mejor servicio a los clientes, tanto en el ámbito urbano como rural". De hecho, en el año de la pandemia la mitad de las aperturas de supermercados en Castilla y León se llevaron a cabo en el medio rural.
Un sector que trabaja por crear sus propias plataformas logísticas para "llegar a los proveedores locales que pueden así centralizar su producción y llevarlo capilarmente a los distintos puntos de venta, lo cual permite una mayor fijación de empleo".
Asucyl sigue apostando por contribuir al asentamiento de población en el medio rural, pero lanzan un mensaje a la Administración para que "se nos considere sector esencial también con un marco jurídico para seguir garantizando nuestra función de alimentación de la población, como ya hicimos durante la pandemia", ha solicitado Posadas.
Una de las mejores distribuciones de la Unión Europea
La distribución española fue la cuarta que menos roturas de stock tuvo en la Unión Europea durante la pandemia. "Hay más de 300 empresas de distribución alimentaria que son consideradas supermercados, lo cual permite tener un sector poco atomizado y más eficaz", anota el director general de Asedas.
Magazo ha puesto de manifiesto, además, que "en los últimos años la inversión de los supermercados de España ha permitido enfrentarse al cambio hacia la sociedad digital y también al reto de la sostenibilidad, donde la eficiencia energética es una prioridad. De hecho, en los últimos tres años, casi el 30% de los supermercados de España se han reformado para adaptarse a esta eficiencia energética con una inversión de más de 1.300 millones de euros".
Un sector que conoce perfectamente a su público objetivo, que en un 90% opta por supermercados de proximidad que le permita abastecerse de lo necesario en un sólo acto de compra, que es "el modelo más sostenible y capaz de fijar población en el entorno rural". Algo que "quedó de manifiesto también durante la pandemia, y que se pudo hacer porque ya existía esa red de proximidad que garantizó el abastecimiento de alimentos a toda la población, también a las más pequeñas", indica García Magazo.
Magazo aprovechó para lamentar que "durante la pandemia se nos considerara un sector esencial, pero sólo de palabra, y se dejara a los más de 250.000 trabajadores de la Distribución en España fuera del calendario prioritario de las vacunas contra la Covid-19".
Crisis de precios
De marzo a abril el IPC de alimentación ha superado al IPC general a pesar del esfuerzo de contención de los precios por parte de la distribución reduciendo sus márgenes.
"Los niveles actuales del IPC de alimentación son ya la principal preocupación del sector, que desde septiembre del año pasado pusimos encima de la mesa ante las distintas Administraciones", indica García Magazo.
Asedas continúa reclamando medidas que permitan "paliar esta situación, porque las causas escapan al control de la cadena alimentaria" pero repercuten en el consumidor.
En los últimos 20 años, la cadena alimentaria española (con precios nueve puntos por debajo de la media europea), ha demostrado "una estabilidad en los precios con subidas que no han superado el 3%" a pesar de las distintas crisis de materias primas que han experimentado los mercados desde 2007 coincidiendo con la crisis de Lehman Brothers.
Las circunstancias a las que se enfrenta esta cadena de alimentación son "hoy más preocupantes por el incremento de los precios de los carburantes, de la energía y de las materias primas". Como ejemplo, Magazo indicó que "en torno al 10% del precio de frutas y hortalizas frescas está condicionada por los costes del transporte".
"Todo esto es lo que nos ha llevado a tener un IPC de la alimentación que roza el 14%, cuando estos mismos empresarios han venido manteniendo una estabilidad en los precios a lo largo del resto de crisis económicas", añade.
Son causas "objetivas y ajenas al sector", para las cuales Asedas plantea la necesidad de "disponer de unos precios de la energía que sean sostenibles, cosa que a día de hoy no tenemos".
La mayoría de los sectores económicos, y especialmente la cadena alimentaria, quedan en una especie de limbo jurídico para beneficiarse de medidas dirigidas a reducir las facturas de la energía. "Necesitamos costes de energía sostenibles, y ahora mismo no lo son. Hemos triplicado las facturas de la luz y esto se va a comer los beneficios de estas cadenas de supermercados, que este año darán pérdidas este año sólo por este motivo".
También ha solicitado al Gobierno central que "garantice unos precios de combustible capaces de garantizar el abastecimiento de la población", y recordó lo ocurrido durante la huelga de transportistas que sacudió España el pasado mes de marzo y que supuso unas pérdidas de 130 millones de euros al día para la Distribución, según explicó en su día a este periódico Isabel Amo, portavoz de Asucyl.
Además, exigen al Gobierno central una "bajada de impuestos indirectos de la alimentación en España. El IVA provoca siempre un incremento de los precios, y al ser un impuesto a tipo fijo el Estado siempre recauda más, pero sería necesario y de forma temporal que parte de ese exceso de recaudación se destine a bajar el IVA de muchos productos, la inmensa mayoría, que siguen al 10 y al 21%, e incluso que alguno de los que está al 4% pueda quedar exento. Algo que ya se hizo en Alemania durante la crisis de 2020 con excelentes resultados".
Como sector, han vuelto a recordar que "siguen en permanente diálogo con el Gobierno" para buscar soluciones a una cesta de la compra que, con la pérdida de poder adquisitivo de los ciudadanos, se hace cada vez más cuesta arriba y que refleja unos sobrecostes energéticos que afectan a todos por igual.