Más de uno de cada cuatro salarios que se abonan en Castilla y León proceden de empresas que tienen su sede fuera de su territorio, lo que convierte a la Comunidad en la segunda autonomía, solo por detrás de Castilla-La Mancha, con más trabajadores y masa salarial dependiente de compañías con domicilio fuera de sus fronteras.

En concreto y según la Agencia Tributaria, durante el año 2021, se abonaron en la Comunidad salarios a un total de 966.957 trabajadores, de los que 269.930 correspondieron a empresa radicadas fuera de Castilla y León, que representan el 27,9 por ciento del total, solo por detrás del 29,6 por ciento de la autonomía manchega.

El informe recogido por Ical, indica que la masa salarial pagada total en Castilla y León en el ejercicio de estudio ascendió a 20.043,71 millones de euros, de los que 5.951,32 llegaron de actividades con sede en otros territorios españoles, es decir, el 29,7 por ciento, un porcentaje que sólo supera de nuevo Castilla-La Mancha, con el 32,6 por ciento.

Madrid es la única autonomía en la que la que sus empresas pagan netamente salarios fuera, ya que asumen más de cinco millones de retribuciones, cuando dentro de la Comunidad, abonan 3,1 millones, es decir, se encargan de los sueldos de 1,9 millones de trabajadores de otros territorios.

En el caso de la masa salarial, desde Madrid se pagan 128.423,23 millones de euros en retribuciones, de los que 41.407,92 se abonan fuera de sus fronteras; y en Cantabria, la otra autonomía cuyas empresas también pagan en términos netos fuera, 5.561,73, con 762,39 para trabajadores ubicados en otros territorios.

Las cifras analizadas por Ical ponen de relieve que el salario medio de los trabajadores de Castilla y León, se situó en 2021, en los 20.729 euros, por encima de los 19.970 euros de 2020. Cabe destacar en este sentido, que las empresas radicadas en la Comunidad, pagaron salarios medios de 20.217 euros, mientras que las de domicilio fiscal en otros territorios abonaron 22.047 euros, casi 2.000 euros más de media al año.

Menos impuestos e inspecciones

Responsables de CEOE en la Comunidad consideraron que en estos datos hay “cuestión positiva” como es el “atractivo” para las inversiones de las empresas gracias, en gran medida, “a la paz social y a la calidad de vida” de la Comunidad. Sin embargo, denunciaron que esa “fortaleza” se ve debilitada por que “las sedes fiscales se instalan en otras regiones con menores impuestos”, tal y como han denunciado “en repetidas ocasiones, por una mayor presión inspectora en la Comunidad, con un mayor número de inspecciones por empresa”.

La patronal autonómica insistió, en este contexto, en que hay que apostar en la Comunidad por un modelo de fiscalidad basado en la reducción de cargas a empresas e instó al Gobierno regional a continuar con el “positivo camino iniciado en su política de reducción impositiva y anuncie la supresión del Impuesto sobre el Patrimonio”.

Asimismo, exigió un distrito único de inspección fiscal en España. Este cambio en la inspección fiscal evitaría, a su juicio, la pérdida de muchas empresas que, cada año, trasladan su domicilio social a otra Comunidad para reducir la presión de las inspecciones que sí tienen en Castilla y León.

“Esta situación nos preocupa muchísimo, puesto que la marcha del domicilio social de esas empresas que van a tributar a otra Comunidad supone una pérdida de ingresos y de empresas en Castilla y León. Algo que se solucionaría con un distrito único en toda España para evitar problemas de deslocalización de las empresas”.

CEOE Castilla y León quiere señalar que en el complejo contexto, marcado por la crisis de precios agravada con la guerra en Ucrania, "existen retos que no son ya optativos; lo que eran objetivos en el medio o largo plazo, son ahora una prioridad y una urgencia a corto plazo, de la que depende la supervivencia de muchas empresas".

Desde la Confederación han observado que los datos de empleo, de producción industrial o de exportaciones "nos están poniendo a la cola de las comunidades autónomas en España, de ahí que hayamos solicitado un Plan de choque en el que las medidas fiscales son prioritarias".