La Fiscalía General del Estado, las asociaciones bancarias (AEB, CECA y UNACC) y el Banco de España han firmado este miércoles, 19 de julio, un protocolo de colaboración con el objetivo de "garantizar la autonomía de las personas con discapacidad" en relación con los servicios y productos bancarios.

Un convenio que permite sentar los cauces para que la práctica bancaria se adecúe al nuevo tratamiento legal de la discapacidad que ha sido marcado por la legislación. En esta se potencia que estas personas puedan tomar decisiones de una manera autónoma y colaborar en el impulso progresivo de las adaptaciones necesarias para que operen por sí mismos en el ámbito bancario. Entre otras acciones incluyendo el lenguaje accesible.

Una norma con la que se eliminan las incapacitaciones y los tutores legales, y establece un sistema de provisión de apoyos en el que adquiere relevancia el guardador de hecho. Esta figura es, simplemente, un apoyo informal.

El protocolo también contempla un funcionamiento dinámico del grupo de trabajo que abordará los problemas que la adecuación de la ley vaya poniendo sobre la mesa. De esta forma, se proponen soluciones que se aplicarán de forma ágil y eficiente en beneficio colectivo.

Un acto que ha tenido lugar en el Banco de España. Una institución que también participará con la supervisión del cumplimiento de las normas de protección del cliente en las entidades y favoreciendo la inclusión en los servicios bancarios de las personas vulnerables.

Este ha sido suscrito por el director general de Conducta Financiera y Billetes del Banco de España, Alberto Ríos; por la fiscal de sala de Discapacidad y Mayores, María José Segarra, y por los secretarios generales de las tres asociaciones bancarias: Javier Rodríguez, de AEB; Fernando Conlledo, de CECA, y Cristina Freijanes, en representación de UNACC.