UGT culpa a la consejera de Familia de las "precarias" condiciones de los cuidadores de personas con discapacidad y exige mejoras

UGT ha exigido a la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León, Isabel Blanco, mejorar las condiciones laborales de los trabajadores dedicados a atender a las personas con discapacidad al considerar que desde hace tiempo se encuentran en una situación de "precariedad". En este sentido, el sindicato ha señalado a la consejera como "responsable de las precarias condiciones que tienen los trabajadores de los centros de atención a las personas con discapacidad en Castilla y León", ante su falta de respuesta a las continuas peticiones realizadas por UGT para reunirse con ella. 

Por todo ello, le piden "el inicio de unas negociaciones", critican la "falta de sensibilidad y de voluntad política" que, a su juicio, se está demostrando desde la Consejería y advierten de que "el sindicato seguirá ejerciendo cuantas acciones de presión considere adecuadas y necesarias para mejorar las condiciones sociolaborales de este colectivo". 

Desde el sindicato recuerdan que la mayoría de las empresas del sector pertenecen a asociaciones sin ánimo de lucro, cuya financiación se realiza, en su mayoría, a través de las subvenciones públicas y la concertación de plazas a través de la Consejería de Familia; así como que en este sector también están incluidos los centros especiales de empleo con plantillas integradas sobre todo por personas con discapacidad. 

Insisten, además, en que este colectivo se rige por el XV Convenio Colectivo General de Centros y Servicios de atención a personas con discapacidad y que, pese a ser de ámbito estatal, este establece la posibilidad de negociar acuerdos en cada una de las comunidades autónomas, dado que la mayoría de las competencias en materia de servicios sociales están transferidas a las comunidades. 

En esta línea, UGT ha denunciado que Castilla y León se encuentre en esta situación, cuando comunidades como Cataluña, Comunidad Valenciana, País Vasco, Navarra, Aragón, Castilla-La Mancha o Asturias ya han logrado llegar a acuerdos o los están negociando con mejoras sustanciales en las condiciones laborales de estos trabajadores.