Los últimos datos de paro registrado durante el pasado mes de noviembre en Castilla y León ponen en evidencian, una vez más, la grave precariedad laboral que padecemos. El paro sigue subiendo; el 90% de los contratos firmados son temporales y un 35% de jornada parcial. Estas cifras reflejan la precariedad de empleo que se crea en Castilla y León. Aunque la Ley establece de forma muy clara en qué circunstancias se deben realizar los contratos temporales parece que la mayoría de empresas no quieren o no les interesa enterarse. Hay muchas empresas privadas que incumplen la normativa laboral, pero llama poderosamente la atención que la propia Administración Autonómica, que debería dar ejemplo de transparencia y buenas prácticas en contratación, sea la que más incumple.

Si bien es cierto que la precariedad laboral es muy preocupante en todos los empleos, y sería necesario tomar medidas para atajarla, nos debería preocupar más cuando hablamos de sectores como el sanitario. En nuestros hospitales y Centros de Salud cada vez es más habitual que la Consejería de Sanidad a través del Sacyl (Servicio de Salud de Castilla y León) recurra a contratos temporales para cubrir parte de las vacantes y jubilaciones que no saca a concurso público o traslados. Se hacen contratos temporales  concatenados durante años para atender necesidades permanentes; contratos que se renuevan mes a mes; contratos por cinco días de lunes a viernes para cotizar solo el tiempo de trabajo y no el descanso, privando al trabajador el derecho de ser retribuido en el periodo descanso y originando fraudes en las cotizaciones a la seguridad social; contratos solo de guardias donde se les priva de vacaciones y descansos y contratos por horas.

Si bien es cierto que algunos contratos pueden ser legales  siempre y cuando concurran situaciones de urgencia o para desarrollar programas de carácter temporal o extraordinarios, no es así cuando se abusa de la norma y se utilizan contratos temporales para cubrir necesidades estructurales, es decir el Sacyl ha traspasado la línea que separa  lo legal de lo ilegal y ha convertido en norma lo que antes era excepcional y se ha transformado en la empresa de trabajo temporal más grande de la Comunidad.

Es evidente que hay un déficit en la dotación de recursos humanos que afecta a todas las categorías en nuestro sistema sanitario y que la Junta está intentando resolver con contratos precarios alterando constantemente los turnos de trabajo creando incertidumbre entre los trabajadores, que en muchos casos, no saben de qué van a trabajar al día semana siguiente. Se abusa de la rotación de forma irresponsable sacando profesionales de una unidad para cubrir otra dificultando la adaptación al puesto de trabajo y a continuar con los cuidados de los pacientes. Está situación está afectando negativamente a la calidad asistencial y  a la seguridad de los pacientes además de poner en riesgo la salud de los profesionales por sobrecarga de trabajo.

Parece que de nada ha servido que el año pasado, la Unión Europea considerara ilegal que la sanidad española encadenara contratos de forma tan escandalosa, así lo hizo saber a través de una  sentencia del Tribunal de Justicia de la Corte Europea instando a España a modificar su sistema de contratación poniendo límites a la contratación temporal y fijando mecanismos para evitar el abuso y adaptarlo a la normativa comunitaria.

Hay demasiada pasividad por parte de nuestro Gobierno autonómico, por consiguiente,  sería necesario más implicación de las Inspecciones de Trabajo en cada provincia que aumenten las intervenciones desarrollando planes de actuación.