Ya tenemos otra guerra abierta por aquellos que, sólo, aceptan la Justicia cuando les beneficia y la atacan cuando pone de manifiesto sus debilidades e inconsistencias.

Llegó lo que algunos esperábamos, que no es otra que la condena para JUANA RIVAS, que su letrado califica de fracaso judicial y se olvida, o prefiere no tener en cuenta, pese a que en alguna declaración pública lo llegó a apuntar, que la actuación de su cliente fue, manifiestamente, inadecuada y que el asesoramiento que recibió, en su día, por la Asociación de Mujeres Maltratadas, se observa claramente irresponsable, ineficaz y que estaba llevando a Juana a la ruina, como al final ha sido.

La cuestión no es del fracaso de la Justicia, que lo hace muy a menudo, sino del sistema manipulador, falaz e ineficaz de la Violencia de Género, en la que se llevan gastados miles de millones que sirven para que esas asociaciones cubran puestos de asesores, psicólogos, abogados con emolumentos más que sustanciosos que sólo sirven a su beneficio, pues el problema sigue y sigue creciendo sin que el sistema creado haga otra cosa que incrementarlo y ahondar en la brecha sexual, en lugar de resolver la desigualdad y la agresividad en el seno de la familia.

Desde luego, se podrá discutir y discrepar con estas afirmaciones, pero resulta evidente, y poco discutible, que la situación de condena de Juana no es culpa de su abogado actual, ni de la Justicia, sino de unas y unos consejeros que, en su momento, la asesoraron y la llevaron a la locura de no entregar a sus hijos y desobedecer frontalmente las órdenes judiciales.

A Juana la condenan a 2 años y 6 meses por la sustracción de menores por cada hijo, al incumplir la obligación de entrega de los menores y pudo ser mucho peor por incumplir los mandatos judiciales y, eso, lo hizo con el asesoramiento, apoyo, indicación y soporte de la Asociación de Mujeres Maltratadas que la animan, excitan, organizan y promueven al delito.   Además de la condena, le retiran la patria potestad de los hijos por un periodo de 6 años, lo que no significa que le quiten los hijos, que no los pueda ver, ni que no sean hijos suyos, como se pretende aparentar por aquellos que llevaron a Juana al abismo y, ahora, la quieren seguir usando.

A mayor abundamiento, la condena obliga a Juana a pagar 30.000 € de indemnización a su esposo ¿pagarán la citada cantidad los que la asesoraron o también la usarán como desprotegida e insolvente para dar pena y seguir montando su farsa?

Por qué tenemos tanto miedo en afirmar sin pudor que los hombres y las mujeres somos iguales y debemos de ser tratados por la Ley por igual, que el problema de la violencia no es de sexo, sino de cultura, de diferente trato, de medidas de protección y no de montajes asociativos que sirven para que una pandilla de indocumentados se forren y utilicen el dolor y el daño de unos pocos para forrarse, que la violencia es violencia, es delito, es reprobable y perseguible, la practique quien la practique, y el sexo no debe de suponer un plus o una ventaja, que no tengo por qué explicarle a mi hijo que es igual de bueno y válido que sus hermanas, como no tengo por qué decirle a mis hijas que tienen los mismos derechos y obligaciones que los chicos, lo que tengo que hacer es reprender, enseñar o enderezar al hijo que lo precise, o alabar, engrandecer y aupar al que lo merezca con independencia de su sexo.

Juana, recurre la Sentencia y argumenta que tu voluntad no era incumplir la Ley, sino seguir los consejos de tus asesores, demuestra que carecías del dolo preciso en casi todo delito y procura una reducción de la pena e inicia una reclamación de responsabilidad a quienes te han utilizado, te han manipulado y se han lucrado con tu desgracia; en definitiva, apunta y dispara a la diana y no a los pájaros.