Acabar con una Bankia pública

La carrera fusionadora entre Caixabank y Bankia se está pareciendo más a la ruptura de la barrera del sonido por un avión, porque su velocidad es mayor que la del sonido. El Banco Central Europeo por boca de su vicepresidente, Luis de Guindos -ex ministro con Rajoy-, anunciaba hace escasos días que “las fusiones bancarias deberían llevarse a cabo de forma relativamente rápida y urgente”. Casi a coro el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, declaraba que “hay espacio para la tercera gran oleada de integraciones bancarias en España”. A los pocos días CaixaBank y Bankia comunicaban su intención de fusionarse. La fusión casi llega antes que el sonido.

La precipitada fusión anunciada entre Caixabank y Bankia -en realidad una operación de absorción encubierta- por la que Caixabank se apropiará de los activos valorados en 220.000 millones de euros que tiene Bankia por el módico precio de 3.178 millones -más o menos, según se fije el precio del valor de las acciones de Bankia-, tiene dos objetivos. El primero, y el más urgente, objetivo es debilitar la capacidad del gobierno para poder hacer de Bankia un banco público. Porque es en el único gran banco -rescatado con dinero público en la crisis de 2010- donde el Estado es su primer accionista con el 61% del capital. Con la acelerada maniobra financiera Caixabank-Bankia el Estado solo tendría un 14% en la nueva entidad.

El segundo objetivo, obviamente, es fortalecer a Caixabank. Porque con esta operación se crearía un grupo bancario cuyos activos superarían los 650.000 millones de euros y los 21 millones de clientes que se convertiría en el primer banco en España, con una cuota del 23% del mercado nacional. Aunque sus activos se quedarían por debajo de los del Santander (un billón y medio de euros) y del BBVA (unos 750.000 millones), estarían por encima en España donde están centrados Caixabank (solo añade Portugal a su actividad) y Bankia (exclusivamente en nuestro país. El Santander y el BBVA han expandido su negocio por América y Europa principalmente.

¿Por qué las prisas?

Porque en España hay una urgente necesidad de un gran banco público que puedan poner los enormes recursos -no solo los 200.000 millones en activos de Bankia sino la canalización de los 175.000 millones provenientes de la Unión Europea- al servicio de un proyecto de reindustrialización del país, para poder salir fortalecidos de la pandemia. Desde Washington y Berlín, y desde la oligarquía española, se ha dado un golpe encima de la mesa para impedirlo, apropiándose de lo que fue rescatado con dinero público. Pero esa partida no está todavía concluida.

Como la Plataforma por una Banca Pública -una organización ciudadana centrada en impedir que Bankia salga de la esfera pública- ha destacado “el sistema financiero español ya presenta un grado de concentración superior al del resto de países de la Eurozona y que también se caracteriza por una menor presencia de la banca pública”. Y ha propuesto la alternativa contraria, que “Bankia mantenga su carácter de banco público”, e incluso que adquiera “la totalidad de acciones privadas por su reducido coste actual (alrededor de 1.000 millones de euros)” para beneficio de nuestra gente y nuestro país.

Una banca pública que se convierta en el motor financiero de la inversión productiva reactivando el crédito destinado a la inversión y el consumo, la inversión en sectores estratégicos, en investigación, desarrollo e innovación (I+D+i), creando millones de puestos de trabajo productivos y de utilidad social. Por supuesto, y dada la corrupción, el latrocinio y la desvergüenza que han imperado en las últimas décadas en las cajas de nuestro país, el nuevo banco público debería nacer y funcionar bajo unas estrictas normas de transparencia, auditoría, control y fiscalización de la gestión de esos recursos públicos. Es decir, una banca pública, democrática y transparente.

El oligopolio bancario se concentra más

Es sorprendente que desde las autoridades europeas se exija una mayor concentración bancaria en España, donde se han reducido drásticamente el número de entidades en la última década (quedan 206, aunque los seis mayores bancos copan el 85% de los activos financieros), mientras en Alemania sigue habiendo 1.632 entidades financieras (entre ellas más de 400 cajas de ahorros).

Pero la oligarquía española necesita protegerse de “tiburones” mayores. La caída de las bolsas ha dejado “a tiro de OPA” a todos los bancos españoles -excepto el Santander-. Aunque ya están dentro como accionistas los fondos extranjeros, principalmente norteamericanos, aumentando su participación -el fondo estadounidense Blackrock acaba de elevar sus acciones en Bankia al 4%, convirtiéndose en el segundo accionista después del Estado español-, la oligarquía española trata de evitar que un competidor foráneo se haga con el control directo de uno de los grandes bancos españoles.

Y, a la vez, la oligarquía se fortalece para participar en el nuevo salto en el saqueo a la población española, que se pretende imponer aprovechando los efectos de la pandemia, fortalecen su poder financiero para imponer sus intereses al conjunto del país, imponer un mayor grado de expolio sobre la población. Más concentración bancaria es más poder, económico y político. Y esa es la base que permite a la oligarquía avanzar en el atraco a la población y vampirizar los recursos nacionales. Los hechos así lo demuestran. La oleada de concentración, liquidando las cajas, que se impuso tras 2010, ha dado el resultado de un mayor expolio financiero por parte de la gran banca.