El pasado 16 de octubre los parlamentarios nacionales del PP por Valladolid, acompañados por la alcaldesa de Renedo, el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Santovenia y concejales del Ayuntamiento de Valladolid, acudieron al Barrio de las Delicias a presentar las iniciativas del Partido Popular en relación con la ocupación de viviendas. Y al día siguiente montaron una mesa de recogida de firmas en la calle de Santiago en apoyo de su iniciativa legislativa, firmas que también se podían adjuntar por internet.

Tuve ocasión de acercarme a la mesa para, además de estampar mi firma, unirme a mis compañeros en una iniciativa que tuvo un gran éxito, a la vista de las colas que guardaban los viandantes hasta poder firmar su apoyo a la misma.

Y es que el problema de la ocupación de viviendas en nuestro país es un problema cada vez más extendido y más grave, estimándose en más de 12.000 el número de viviendas ilegalmente ocupadas anualmente, según estimaciones de las fuerzas de seguridad, que además se ven privadas de instrumentos que les permitan el desalojo inmediato de los okupas.

Ya sé que tenemos una ley nacional anti okupas y que varias comunidades autónomas han legislado al respecto, pero la triste realidad es que ni una ni otras se han mostrado eficaces. y el fenómeno se ha acentuado desde el inicio de la pandemia y particularmente durante el confinamiento dada la imposibilidad de trasladarse a la segunda residencia.

Cada poco tiempo vemos en la televisión u oímos en la radio declaraciones de abogados que dicen que con la actual legislación se podría proceder al desalojo inmediato de los okupas, que si es mejor la vía civil que la penal, pero la realidad es que a diario tenemos conocimiento de casos que duran meses, e incluso años antes de que el propietario pueda entrar en su casa, que habitualmente encuentran destrozada, e incluso a veces después de haber sido amenazados por los propios okupas que los han denunciado por no abonar la factura de la luz, el gas o el agua, y en aquellas casos en los que tras un largo calvario recuperan su vivienda, los desalojados son condenados a pagar una multa que además no abonan al declararse insolventes,

La desesperación es tal, que los propietarios recurren a empresas dedicadas a realizar el desalojo, previa negociación con los delincuentes a los que habitualmente hay que indemnizar, o a la organización de grupos de vecinos para defenderse de la conducta incívica de muchos de estos okupas.

Recientemente la fiscalía de Baleares ha dado instrucciones a las Fuerzas de Seguridad para proceder al desalojo express y la propia fiscal general del Estado ha prometido una instrucción general en este mismo sentido a todas las fiscalías de España, pero se ve que doña Lola está muy ocupada defendiendo al gobierno y a los golpistas, y el tema de la ocupación ilegal puede esperar.

Los que no podemos esperar somos los ciudadanos, y por ello exigimos que las iniciativas legislativas presentadas por el PP, VOX y Cs se tramiten rápidamente y a ser posible de forma conjunta para acabar de una vez con esta lacra que el Gobierno de coalición no parece querer solucionar, ya que mientras el PSOE se pone de perfil, los podemitas muestran su comprensión invocando el derecho a la vivienda que reconoce la Constitución, pero olvidando que también consagra la propiedad privada.

Y hasta entonces, los ayuntamientos deben negar el empadronamiento de los okupas en la vivienda ocupada para evitar con su domiciliación el desalojo, y dar de baja a aquellos que lo estén si lo denuncian los propietarios, y al mismo tiempo, las fuerzas de seguridad deben amparar a los propietarios y denunciar a los okupas y a las mafias que tras localizar y ocupar las viviendas las realquilan a terceros.

Sólo falta que el legislador les autorice en 12 - 24 horas como pide el PP, o por el expedito procedimiento de “la patada en el culo” que preconiza Abascal y que la ocupación de viviendas vuelva a ser considerado delito y castigado con penas de cárcel. Y si la situación de los okupas lo merece, que los servicios sociales municipales se hagan cargo de la situación.

En definitiva, lo que todos pedimos es UNA LEY ANTIOKUPA YA.