A punto de perder la libertad

El Gobierno ultima una reforma de la Ley de Seguridad Nacional que supone una merma importante de nuestras libertades.

El estado de inquietud y alarma social por la pandemia y el miedo a desastres mayores, como la ciberdelincuencia y otros delitos se lo ponen re­­­­­lativamente fácil. Sobre todo, si le añadimos la propensión autocrática de un Gobierno al que no le gusta ni el control ni la limitación legal de su actividad.

Concretamente, el anteproyecto de ley exige una serie de “prestaciones personales” a los ciudadanos en caso de estado de crisis, prestaciones que incluirán cumplir sin rechistar las órdenes e instrucciones que impartan las autoridades. Eso conlleva, fíjense bien, la requisa de todo tipo de bienes de los individuos afectados y la suspensión de cualquier clase de actividades.­­­

Hasta hace bien poco, de lo que podíamos presumir era de un estado de derechos y libertades individuales que nos igualaban a todos ante la ley. Ahora, en cambio, a medida que aumenta el número de colectivos a los que se atribuyen presuntos derechos, disminuyen éstos con carácter individual, así como la presunción de inocencia de los ciudadanos.

Lo de los colectivos tiene su aquél, porque se aplica a cualquier circunstancia que no cubre su definición académica de “grupo unido por lazos profesionales, laborales, etcétera” y hemos visto su aplicación a lista de gente que no tiene otro común denominador que la edad o la geografía, sin ningún interés colectivo y grupal que defender.

Pero a lo que íbamos de la ley limitadora de nuestras libertades. Eso se hace en aplicación del artículo 30 de la Constitución de que “los españoles tienen el deber y el derecho de defender a España”. Justamente un artículo al que no se ha acudido cuando la avalancha marroquí en Ceuta o la insurrección en Cataluña se usa para limitar las libertades de los españoles.

Al tanto, pues, de la que nos viene encima.