El pasado viernes la política exterior española dio un giro de 180 grados. El Gobierno anunció un cambio de posición sin precedentes con respecto al Sáhara Occidental, excolonia española ocupada por Marruecos desde noviembre de 1975. En base a este cambio de postura, España declaraba su apoyo al plan de autonomía propuesto por el reino alauita para el territorio, y modificaba su tradicional posición de defender los acuerdos de la Naciones Unidas para celebrar un referéndum en el Sáhara Occidental que determinase el futuro político de la excolonia.
El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, confirmaba el giro y calificaba el plan de autonomía marroquí como "la base más seria, realista y creíble" para lograr la resolución del conflicto. La decisión causó malestar en Argelia, principal aliado del Frente Polisario –el movimiento de liberación saharaui desde su fundación en 1973– y país del que provino el 47% del gas natural que España importó en el primer semestre de 2021, por tanto, un socio estratégico a nivel económico. El sábado, un día después de conocerse la decisión, Argelia llamaba a consultas a su embajador en España, en protesta por el cambio de postura con respecto a la excolonia.
Una historia en común: el Sáhara Español (1884-1975)
España controlaba territorios del actual Sáhara desde finales del siglo XIX. En 1884, la Conferencia de Berlín –que repartió África entre las potencias occidentales– permitió a España ocupar ciertas zonas como la actual Dajla, bautizada en ese momento como Villa Cisneros, donde se ubicaron empresas mercantiles y pesqueras españolas. Después, la expansión continuó su curso hacia el interior de Río de Oro y Cabo Blanco. Con todo, la ocupación española de facto de todo el territorio que hoy conocemos como Sáhara no se culminaría hasta los años 30 del siglo XX.
En los años 40 el Gobierno español se interesó especialmente por el Sáhara tras el descubrimiento de unos yacimientos de fosfato en la región de Bucraa, en el norte del territorio, que el geólogo español Manuel Alia definió como "los más importantes del mundo". En 1956 se independiza el actual Marruecos –que hasta ese momento se encontraba repartido entre Francia y España– y el Protectorado Español del Rif pasa a manos de Hassan II, el primer dirigente del reino alauita independiente.
La independencia de Marruecos lo cambiaría todo. El recién creado Estado comenzó a reclamar la soberanía del Sáhara y en 1957 estalló por este motivo la Guerra de Sidi Ifni entre España y Marruecos. El conflicto finalizó con los Acuerdos de Cintra de 1958, en virtud de los cuales el reino alauita obtenía Cabo Juby, en el norte del Sáhara. La colonia, por su parte, se convertía en provincia española, lo cual permitiría ver imágenes pintorescas, como las de procuradores saharauis participando en las Cortes franquistas.
Durante los años 60, la ONU comienza a presionar a España –en mitad de un proceso mundial de descolonización– para que otorgase la independencia al Sáhara, mientras Marruecos no cesaba en su empeño de anexionarse el territorio. En 1973 se funda el Frente Popular de Liberación de Saguia el Hamra y Río de Oro, más conocido como Frente Polisario, que se constituye como el principal grupo independentista del Sáhara, en un momento de cada vez mayor tensión con las autoridades españolas.
Dos años después, en octubre de 1975, y aprovechando la situación de debilidad para el Gobierno español –con un Franco agonizante y acuciantes tensiones políticas– el rey Hassan II impulsó la Marcha Verde con la que pretendía presionar a España y a la comunidad internacional, y que supuso que 350.000 marroquíes cruzaran la frontera del Sáhara, algo combinado con el inicio de la ocupación militar por parte del reino alauita. Finalmente, el 14 de noviembre, el Gobierno español entrega el Sáhara Occidental a Marruecos y Mauritania –que reclamaba el sur del territorio– tras la firma de los Acuerdos de Madrid, solo seis días antes del fallecimiento de Franco. Comienza entonces el éxodo de refugiados saharauis hacia campamentos, principalmente en Tinduf (Argelia).
La guerra, el alto al fuego y la propuesta de referéndum de la ONU
Tras la retirada completa de España, en febrero de 1976, el Frente Polisario proclamó la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) y declaró la guerra a Marruecos y Mauritania. Este último país renunciaría en 1979 a la zona sur que controlaba en virtud de los Acuerdos de Madrid, algo que aprovecharía Marruecos para ocupar también ese territorio. El Frente Polisario, por su parte, estableció su cuartel general en Tinduf, potenció sus relaciones con Argelia –tradicional rival de Marruecos en la zona– y logró el control de algunos territorios de facto dentro del territorio saharaui.
En 1988, tras años de negociaciones, Marruecos y el Frente Polisario aceptaron el plan propuesto por Naciones Unidas que contemplaba un alto el fuego y el la celebración de un referéndum de autodeterminación para el Sáhara. En septiembre de 1991, finalmente, entró en vigor el alto el fuego tras 15 años de guerra pero la consulta por la autodeterminación del territorio nunca llegaría a celebrarse debido a diferencias acerca de la composición del censo.
Marruecos exigía incluir como votantes en el referéndum a los nómadas que se refugiaron en su territorio durante la colonización española, algo que el Frente Polisario consideraba que podría alterar el resultado. El grupo independentista saharaui, por su parte, defendía que los 74.000 saharauis censados por los españoles en 1974, antes de abandonar el territorio, deberían ser los únicos que pudieran participar en esa hipotética consulta.
La posición de España con respecto al conflicto: el frágil equilibrio entre Marruecos y Argelia
España se alineó con el Plan de la ONU desde su anuncio en 1988, si bien su importante relación estratégica tanto con Marruecos como con Argelia –el principal valedor del Frente Polisario y país en el que se encuentran la mayor parte de refugiados saharauis– ha obligado a los diferentes Ejecutivos a mantener un frágil equilibrio.
Los intereses comerciales, económicos y migratorios de España con ambos países son de primer nivel y, en el caso argelino, se suma la dependencia con respecto a su gas natural. En el primer semestre de 2021 el 47% del gas natural que España importó provino de Argelia, si bien en la actualidad, tras el cierre del gasoducto entre ambos países en octubre de 2021, Estados Unidos se ha convertido en el principal proveedor de gas del país, que ya recibe por barco el 70% del gas que importa. Un cambio de situación que ha podido favorecer que España haya dado este arriesgado volantazo en su política exterior.
Después de más de una década de estancamiento, sin llegar a ningún tipo de acuerdo, en 2007 Marruecos presentó ante la ONU el proyecto de autonomía que ahora ha secundado España, con el objetivo de resolver el conflicto, una propuesta que el Frente Polisario consideró inaceptable y continuó exigiendo un referéndum de autodeterminación. España en ese momento no vio con malos ojos la propuesta marroquí pero, oficialmente, continuó apoyando una solución "auspiciada por la ONU y con el mutuo acuerdo de ambas partes".
Después de quince años de mantenimiento del statu quo, en 2020 la situación cambió. El Gobierno estadounidense de Donald Trump reconoció la soberanía marroquí del Sáhara Occidental y anunció la normalización de relaciones entre Israel y Marruecos, que se convertía desde ese momento en un socio prioritario de los Estados Unidos. Al unísono, se produjo un acercamiento entre Alemania y el reino alauita durante el año 2021, y el país germano -la principal potencia económica de la Unión Europea- declaró que el plan de autonomía de 2007 propuesto por Marruecos suponía "una importante contribución" para resolver el contencioso del Sáhara. El reino alauita también cuenta con el apoyo histórico de Francia, que siempre se ha posicionado del lado marroquí.
El giro de los acontecimientos a nivel internacional forzó a España a comenzar a plantearse un cambio de estrategia, algo que se vio potenciado tras la crisis migratoria de Ceuta en mayo de 2021. En ese momento, la acogida del líder del Frente Polisario, Brahim Gali, en España, y su ingreso en un hospital de Logroño cuando se encontraba aquejado de covid-19, hizo estallar la mayor crisis diplomática de las últimas décadas entre España y el reino alauita. Un Marruecos envalentonado por el apoyo de Estados Unidos a su soberanía sobre el Sáhara solo seis meses antes, decidió presionar a España "relajando" su control sobre la frontera con Ceuta y permitiendo la entrada de miles de marroquíes en suelo español.
Esta crisis migratoria dejó en una delicada situación los vínculos diplomáticos entre España y Marruecos y, con la decisión del pasado viernes, el Ejecutivo pretende favorecer una normalización de las relaciones con el reino alauita, un socio estratégico de primer nivel para España. Pero las consecuencias negativas tampoco se han hecho esperar. El sábado, un día después de conocerse la decisión, Argelia llamaba a consultas a su embajador en España, en protesta por el cambio de postura con respecto a la excolonia y el Frente Polisario aseguraba que "España legitima la represión marroquí al pueblo saharaui".
Está por ver si el Gobierno será capaz de mantener el frágil equilibrio histórico entre Argelia y Marruecos con respecto al conflicto del Sáhara Occidental o si este repentino cambio de postura genera un problema diplomático de consecuencias imprevisibles en un momento de acuciante crisis energética y de abastecimiento a nivel mundial.