Un psiquiatra decía ayer que si se pusiera el mismo énfasis que se está poniendo por los políticos en resolver el problema de la renovación judicial en otros como el de los suicidios, estos en número desmesurado, once de media al día en España, disminuirían drásticamente. Pero claro, los suicidios no tienen interés político y mucho menos electoralista y el de la renovación judicial es un problema político de primer orden o, al menos, así lo parece.
Lo que sí está claro es que las cosas tienen que ponerse muy mal, como ha sido la dimisión del presidente del Consejo del Poder Judicial, para que los mayores líderes del país se pongan al habla. Y, a su vez, alardeen de ello, aunque el acuerdo esté lejos de alcanzarse.
Y, mientras, se echan las culpas unos a otros y los demás partidos exijan estar en el reparto de la tarta, cuando toque, el torbellino actual puede convertirse en huracán y el problema empeorara más, lo que siempre es posible, según la Ley de Murphy.
Pero como todos tenemos derecho a opinar y reflexionar sobre el asunto, ya que, como se ha recodado, la justicia es del pueblo del que emana y no de los jueces y menos aún de su Consejo, habría que empezar diciendo que debería tenerse todo ello claro, empezando por estos conceptos básicos. Y el primero es que el poder judicial, emanado del pueblo, lo ejercen los jueces en el ejercicio de sus funciones, esto es, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado. Y esto lo siguen haciendo con dedicación y esfuerzo en sus respectivos juzgados y tribunales; no obstante, contemplar atónitos que su gobierno sigue sin renovarse y sin cumplir sus cometidos con un mínimo de eficacia y decoro.
Lo que sí está cada vez más claro es que el poder judicial funciona sin su gobierno renovado y la justicia, menos mal, no está paralizada cómo podría pensarse.
Entonces ¿para qué sirve el dichoso consejo o gobierno judicial? Desde luego, en teoría para muchas cosas, desde los nombramientos de muchos altos cargos como realizar labores disciplinarias. Pero claro, lo primero sólo afecta a determinados tribunales, como el Tribunal Supremo, cuya saturación de asuntos lo tiene funcionando al ralentí por falta de magistrados. E, indudablemente, lo mismo puede decirse del Tribunal Constitucional, cuyos recursos, ya de por sí lentos, se eternizan. Y ello sin tener en cuenta la clasificación inaceptable de los magistrados por sus preferencias políticas o ideológicas.
En fin, que tenemos lío para rato y los políticos seguirán acusándose mutuamente, como es sabido. Si los jueces son la boca por la que habla la ley, como dijo Beccaria, no podemos decir que la justicia esté muda, sino sólo tartamuda, lo que ya es un grave problema que a todos debería preocuparnos y hacernos tomar nota para cuando podamos hablar, que no será tardando mucho.
No obstante, la imaginación también debe estar presente implantando sistemas alternativos al judicial para resolver los conflictos. Tal es el caso del arbitraje, muy desarrollado entre las empresas mercantiles y la mediación para los particulares, como la Mediación Policial, de nueva creación, lo que, indudablemente, agiliza, abarata y descongestiona una justicia que, con gobierno o sin él, está cada día más saturada.
