Si transformar el delito de sedición en desórdenes públicos para rebajar las penas de los que declararon la independencia de Cataluña en el 2017 es una barbaridad, también lo es rebajar las penas de algunos de ellos, que malversaron fondos públicos y los emplearon en el desarrollo de todas las acciones, que permitieron la celebración de un referéndum en Cataluña, absolutamente inconstitucional, y en el que sin ninguna garantía democrática se llamó a votar a los catalanes.

Todos los españoles a través de la televisión vimos cómo se rompían las bolsas de basura en las que transportaban los votos que se iban a meter en las urnas. Pero esto no fue para mí lo más grave. Pero peor es la ruptura de la convivencia social, provocando conflictos entre familias y amigos, rupturas personales que no deberían de producirse nunca por motivos políticos.

El viernes nos enterábamos de que se va a colar una enmienda en la reforma de la sedición para desbloquear el nombramiento de dos magistrados en el Constitucional. Se trata de rebajar la mayoría necesaria para nombrarlos y que pase de la reforzada de 3/5 a una simple mayoría de los dos que más votos saquen en el seno del Pleno del Consejo General del Poder Judicial.

La Ley del 'solo sí es sí'

Y mientras, seguimos asistiendo a los ya 50 casos en los que se han concedido rebajas de condenas a violadores. La conocida como 'Ley del solo sí es sí' entró en vigor el pasado 7 de octubre y el presidente del Gobierno ha tardado en decir que se podría valorar la modificación de aspectos técnicos de esta Ley, lo hizo el día de la Constitución, al que no asistió nadie de Podemos. Ya tenemos claro que no creen mucho en ella.

Esta ley se hizo rematadamente MAL por las prisas de la ministra de Igualdad por ponerse medallas en la defensa de la mujer, y ha convertido a estas en los casos en que han sufrido violaciones en perjudicadas y dañadas doblemente: cuando las violaron y ahora cuando ven a sus violadores con penas reducidas o saliendo antes de las cárceles.

El error es más que flagrante, porque además se cometió por falta de rigor y tiempo para incorporar las recomendaciones que entre otros hacían los informes que se emitieron durante la tramitación del proyecto de ley, entre ellos el del Consejo General del Poder Judicial que ponía de manifiesto esta cuestión. La Ley del 'solo sí es sí' rebaja penas y los jueces lo que hacen es aplicar lo que dice la ley. No se trata de jueces como ha dicho la ministra, ni machistas, ni fascistas. El problema es que a la ministra todo lo que no le gusta lo descalifica.

Legislando a conveniencia

Legislar a la carta no está previsto en la Constitución Española y mucho menos hacerlo con nombre y apellidos, actuación que siempre me ha parecido un auténtico fariseísmo. Modificar el delito de sedición para beneficiar a Puigdemont, Junqueras, Romeva, Forn...

Rebajar la pena del delito de malversación de fondos públicos para beneficiar a otros tantos condenados o huidos, que por si fuera poca la reducción prevista, ERC ha presentado una enmienda para dejarlo en 3 años ¡claro! así no hay que entrar en prisión. Por otro lado, con esta reforma puede pasar como con la Ley del 'solo sí es sí' que aparezcan después “beneficiados” inesperados.

Pretender nombrar al exministro de Justicia, Juan Carlos Campo y a Laura Diez Bueno, ex alto cargo de Moncloa, magistrados del Constitucional mediante la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial con una mayoría simple, es una distorsión absoluta de la imparcialidad que se pretende obtener de la justicia.

En esta semana que celebramos que la Constitución Española cumple 44 años, no parece una buena onomástica distorsionar completamente sus mandatos en cuanto al interés general, que debe inspirar el sentido de las leyes y a la imparcialidad que debe guiar al Poder Judicial.

Utilizar como moneda de cambio para conseguir el apoyo de los independentistas a la aprobación de los presupuestos, la modificación de leyes que conduzcan sus delitos a la impunidad, no es el objetivo que la Constitución contempla para las leyes, y conseguir que el Tribunal Constitucional no las declare inconstitucionales cuando se impugnen tampoco.

La Constitución garantiza el Estado de derecho que implica dictar leyes que beneficien al interés general, nunca al particular, y está claro que el interés de los independentistas es absolutamente particular, porque no están pensando en los intereses de España, ni siquiera en los de Cataluña.