La esposa del presidente de Gobierno, Begoña Gómez, se ha negado hasta ahora a contestar a las preguntas del juez Juan Carlos Peinado en el caso del que está encausada. Su abogado, el exministro socialista Antonio Camacho —no todo el mundo tiene a un exministro como abogado—, ha afirmado que la acusada no tiene nada que ocultar y que su afán es colaborar con la justicia. Ha añadido que si no ha dicho nada es por recomendación de su propia defensa. Cabe inferir, pues, que ésta si tiene algo que ocultar y no colabora con la justicia sin más ni más.

Cabría aplicar aquí el dicho de que quien calla otorga, pero en honor de la investigada nos quedamos con que podría trabucarse en sus explicaciones, ya que ella no está acostumbrada a someterse a un juicio y que para evitar el lío le han recomendado un silencio a machamartillo.

La verdad es que si prestamos oídos a lo que dicen todos y cada uno de los ministros no hay nada de nada y el procedimiento penal es para atacar al presidente Pedro Sánchez donde más le duele, en el honor de su mujer y, de paso, en el suyo propio, por aquello de la información privilegiada y el tráfico de influencias.

No debe, por consiguiente, temer nada Begoña Gómez, ni siquiera aunque llegase a ser condenada por los sucesivos tribunales, en Supremo incluido. Para remediar tan posible resultado ya está el Tribunal Constitucional, que con la aritmética del siete a cuatro, es decir, siete magistrados progresistas y cuatro conservadores, remedia los errores de los tribunales. Ahí tenemos, si no, entre otros, el caso de los EREs de Andalucía, que ha exonerado a Chaves, Griñán y demás comparsa.

Por todo ello, mírese por donde se mire, hace muy bien la esposa del presidente en permanecer callada. Lo suyo es cuestión de tiempo, Por uno u otro camino, la absolución ya está prevista y lo único que tiene que hacer la imputada es que corra el tiempo, porque un día u otro, en esta instancia o en aquella, quedará absuelta de las maldades de un juez prevaricador que no sabe con quién se las gasta.