El Ayuntamiento de Valladolid ha aprobado por unanimidad la puesta en marcha de un Plan de Inserción Laboral específico para personas en riesgo de exclusión social por causas de género y víctimas de violencia machista.

Un acuerdo aprobado este martes en el pleno ordinario del mes de marzo y que ha sido propuesta por el grupo municipal de Sí Se Puede. Además se ha añadido una enmienda del PSOE para instar a la Junta de Castilla y León a que tome las mismas medidas. Enmienda que ha sido votada a favor por todos los grupos menos por el popular, que se ha abstenido.

La concejal Gloria Reguero ha sido la encargada de defender esta propuesta en la que se ha incidido en la discriminación laboral y social que sufren las mujeres víctimas de violencia machista, lo que empuja a un “mayor riesgo de pobreza y exclusión”.

Reguero ha incidido en que las mujeres son un colectivo vulnerable a proteger por la dependencia económica que se genera con sus parejas y por eso ha pedido dotar de mayores medidas que empoderen a las mujeres.

El acuerdo aprobado incluye la creación de cauces para favorecer la ayuda mutua de las mujeres para modificar su situación laboral, encontrar trabajo o promover sus proyectos de emprendimiento, así como favorecer las relaciones entre desempleados, empresas, administraciones y el llamado ‘tercer sector’.

Asimismo, Sí Se Puede ha propuesto que se establezcan medidas complementarias que faciliten la conciliación laboral y familiar, especialmente para los hijos menores de las mujeres víctimas de dicha violencia.

Sí Se Puede no ha admitido la enmienda del PP en la que se pedía una evaluación de la situación antes de crear el plan. Algo que Reguero ha explicado que “retrasaría” el tiempo de puesta en marcha del mismo, ya que la intención es que esté “cuanto antes” para que esté en funcionamiento cuando ya se haya abierto el Centro de Igualdad.

La concejal popular Rosa Hernández, que ha defendido lo “oportuno” de esta moción para seguir avanzando, ha criticado que esta medida ya se aprobó por el pleno en octubre de 2015 y en junio de 2016, por lo que ha pedido que bastaría con que se cumplieran los acuerdos del pleno.

Todos los grupos han asegurado que el plan es necesario para luchar contra la desigualdad de género a base de medidas concretas. . “Todo esfuerzo es poco”, ha afirmado María Sánchez, concejal de Toma la Palabra, quien ha pedido que la prioridad en dicha inserción laboral es “imprescindible para evitar la dependencia económica” que les une a sus agresores.

Por último, María Victoria Soto, concejal socialista de Educación, Infancia e Igualdad, ha explicado que en los presupuestos de 2017 ya se aprobó una enmienda que destinaba 200.000 euros para esta medida. La edil ha pedido se detalle con actuaciones “más concretas” que se acuerden con organizaciones gracias al diálogo.

Asimismo, Soto ha afirmado que la Junta debe incidir en planes de este tipo y, por ello, “tiene que poner los medios y recursos” necesarios para llevar a cabo medidas que son de su competencia, ya que considera que lo que se puede hacer desde el Ayuntamiento son “medidas parciales”. En este sentido, la edil de Igualdad ha afirmado que mientras que el Ayuntamiento destina 200.000 euros para este plan, el ejecutivo regional “solo” lo hace con 300.000 euros.