Los últimos 1.860 beneficiarios de las ayudas al alquiler de la vivienda que habían quedado en lista de espera han recibido el pago, por parte de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la partida por un total de 2.686.049 euros.

En total han sido 8.262 los beneficiarios de 10,1 millones de euros en ayudas al alquiler de vivienda, una convocatoria que en 2017 ha aumentado el presupuesto hasta los 14,7 millones, según ha indicado la Administración autonómica a través de un comunicado remitido a Europa Press.

La distribución por provincias de estos últimos beneficiarios es la siguiente: Ávila, 66; Burgos, 272; León, 344; Palencia, 109; Salamanca, 230; Segovia, 117; Soria, 75; Valladolid, 552; y Zamora, 95; que se suman a los primeros 6.402 beneficiarios resueltos en la primera selección.

La presente legislatura comenzó con una convocatoria extraordinaria en octubre de 2015 que dispuso de una línea de financiación de 5.000.000 euros de los Presupuestos Generales de la Comunidad, y que daba preferencia, en aquel momento, a quienes estuvieran incursos en un procedimiento judicial de resolución de su contrato de arrendamiento por impago de rentas y ayudar así a aquellas personas con especiales dificultades para acceder a una vivienda, una convocatoria que benefició a 3.473 solicitantes.

El Programa de Vivienda Social en Castilla y León, cuyas líneas maestras son fruto del Diálogo Social, contempla el fomento del alquiler como uno de sus objetivos prioritarios, por entender que, frente a la compra, soluciona el problema de acceso a la vivienda y es lo suficientemente flexible para adaptarse a las necesidades de las familias en determinados momentos.

El Programa de Vivienda Social de la Junta de Castilla y León se complementa con la creación de un Parque Público de Vivienda en Alquiler que actualmente dispone de casi 1.700 viviendas, procedentes de la propia Administración autonómica, desocupadas y reservadas para colectivos en riesgo de exclusión social u otras cedidas por la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb).

Además, se dispone de aquellas viviendas incluidas en el Programa Rehabitare, cedidas por los ayuntamientos a la Junta para su rehabilitación y posterior alquiler en el medio rural; y las viviendas de protección pública propiedad de Somacyl que actualmente se ofrecen en régimen de alquiler con opción a compra, las que resulten del protocolo de colaboración firmado el pasado mes de abril con el Obispado de León para incorporar viviendas propiedad de la iglesia en esa provincia y la última adquirida a la Agencia Tributaria en la localidad palentina de Venta de Baños.