A juicio el lunes los siete 'narcos' de la Operación Corona

Del acuerdo se ha descolgado Emilio C.F, y ello a pesar de que el acusador público, que pedía para él cuatro años de cárcel y 3.000 euros de multa, le ofreciera reducir la condena a dos años y ocho meses y una sanción de 1.100 euros, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

Quienes sí han pactado ya sus condenas son Roberto S.G, en concreto tres años y 30.000 euros frente a los cinco años y 80.000 euros que pedía en principio el fiscal; Jorge V.R, otros tres años y 8.000 euros, junto con una multa de 960 euros por resistencia y una indemnización de 250 euros en favor de dos agentes que resultaron lesionados--inicialmente se exponía a cuatro años y medio y 20.000 euros, así como Miguel Ángel P.V, María Esmeralda M.P, Marta P.M. y Carmen G.A, que, expuestos provisionalmente a cuatro años cada uno, han aceptado penas de un año y medio de privación de libertad y, además, el primero de ellos una multa de 300 euros.

En el caso de Marta P.M. y Carmen G.A, ambas son consideradas cómplices de un delito de tráfico de drogas, mientras que a Roberto S.G. y Jorge V. se les aplica la atenuante de drogadicción.

Las investigaciones se iniciaron en el mes de abril del pasado año, cuando la policía tuvo conocimiento de que una persona, Roberto S.G, figuraba, al menos en los últimos cuatro años, como proveedor intermedio de sustancias estupefaciente de otros conocidos narcotraficantes de la provincia considerados distribuidores finales.

Durante este tiempo, los agentes establecieron zonas de vigilancia y pudieron comprobar cómo el cabecilla llevaba un alto nivel de vida sin que tuviera ocupación laboral alguna ni actividad legal que pudiera justificar tanta propiedad como tenía.

Igualmente, los investigadores comprobaron que éste suministraba la sustancia, al menos, a otras personas que, a su vez, vendían a otros consumidores, cada uno en una zona distinta de la provincia de Valladolid.

Más de 600 gramos de cocaína

Así, el 21 de julio del pasado año la policía efectuó un registro en la vivienda del Paseo Juan Carlos I en la que Roberto S.G. residía junto a su madre, Carmen G.A, también imputada, así como en otra en la calle Faisán de su hermana, residente en el extranjero, y en otra del primero en Cabezón de Pisuerga, además de en una cuarta en La Cistérniga, propiedad de Jorge V.R, en las que se ocuparon en total 627 gramos de cocaína por importe de 29.000 euros, 6.340 euros, tres armas de aire comprimido, siete teléfonos móviles, dos vehículos, una motocicleta y diversos útiles para la preparación y venta de droga.

En el escrito del fiscal aceptado por seis de los siete procesados se da por probado que que la madre de Roberto S.G. era perfecta conocedora de la actividad ilícita de éste y hacía para él funciones de vigilancia y comprobación de que la sustancia que se encontraba escondida en la casa de la calle Faisán se encontrara "incólume".

Pero además, considera acreditado que el aludido, junto con Emilio C, el único que se declara inocente y ha rechazado una sentencia de conformidad, suministraba la mercancía, para su posterior distribución, a María Esmeralda M.P, que, desde su trabajo como camarera en un bar hacía funciones de mediadora, así como a otros traficantes al por menor como Miguel Ángel P.V. o Jorge V.R, este último desde su vivienda en La Cistérniga.

Dicho acusado fue detenido el 20 de julio en las inmediaciones de su piso en posesión de 3.400 euros destinados a pagar a Roberto S. parte de la droga suministrada anteriormente.

En el momento de su detención, Jorge V.R. pidió a un agente que le aflojara los grilletes porque le hacían daño, momento que aprovechó para oponer gran resistencia y escabullirse momentáneamente--varios agentes resultaron lesionados--mientras pedía a gritos a su pareja, Marta P.M, también imputada, que tirase la droga, momento en que ésta fue sorprendida tratando de deshacerse de la misma por el inodoro.