Condenan al administrador de una empresa a un año de cárcel

El administrador de una empresa soriana de suministro de combustible ha sido condenado a doce meses de prisión y a una multa e indemnización que supera los 67.000 euros por una serie de delitos continuados de estafa mediante falsedad documental y de apropiación indebida de 60.000 euros entre 2008 y 2012.

En concreto, por el delito de estafa ha sido condenado a seis meses prisión y a una multa de diez euros diarios durante tres meses. Cada dos cuotas impagadas serán sustituidas por un día de privación de libertad.

Por el segundo delito, el de apropiación indebida, el administrado ha sido también condenado a seis meses de prisión, así como a la indemnización a la empresa para la que trabajaba de 66.894 euros. En este segundo caso, consta como circunstancia atenuante muy cualificada las dilaciones indebidas.

Esas dilaciones se deben a que los primeros hechos de apropiación indebida datan de marzo de 2008, mientras que la denuncia fue interpuesta cuatro años después, en marzo de 2012. La causa fue elevada al Juzgado de lo Penal en abril de este 2017. El juicio oral se celebró en dos sesiones, los días 7 y 14 de este mes de junio de 2017.

Los 66.984 euros de apropiación indebida son la suma de tres conceptos. Por un lado, como administrador de la empresa, el acusado cobraba numerosos albaranes y luego daba el dinero al propietario de la empresa para que este lo ingresara, como así lo reconoció el empresario en el juicio. Sin embargo, la diferencia de los ingresos en cuenta y lo que aparece registrado en los albaranes, durante esos cuatro años, es de más de 60.000 euros.

Además, el administrador se apropió en varias ocasiones de dinero de la empresa para anotar pagos a clientes suyos. Muchos de esos pagos fueron devueltos a la empresa, pero no así dos de ellos, que ascienden a más de 5.000 euros. Por estas manipulaciones de las cuentas de los clientes mediante falsedad documental, el acusado ha sido condenado a los seis primeros meses de prisión citados.

Por último, en agosto de 2009, el administrador se transfirió a su cuenta 1.000 euros de la empresa, en concepto de adelanto. Esos 1.000 euros no estaban justificados y su nómina fue la misma en el futuro, con lo que la suma de estos tres conceptos, casi 67.000 euros, son la indemnización que debe abonar a la empresa para la que trabajaba.

El acusado, además, debe pagar las costas del juicio y durante el tiempo de prisión está inhabilitado para el sufragio pasivo, sin posibilidad de ser elegido en los posibles comicios que en ese tiempo hubiera.