El decano-presidente del Colegio de Economistas de Valladolid, Juan Carlos de Margarida, ha reclamado hoy una ley de auditoría del sector público que garantice la "transparencia" de todas las administraciones", al referirse al decreto de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local.

De Margarida ha asegurado, a través de un comunicado que esta normativa, que otorga un papel predominante al interventor municipal, al hacerle directamente responsable de la implantación y seguimiento de las medidas de control económico y auditoría, es "insuficiente", ya que sólo "afecta" a entidades municipales.

El decano de ECOVA estima que debe aprobarse una ley más amplia, similar a la que ya existe en el sector privado, que incluya a todas las administraciones públicas, con el objetivo de "mejorar" su gestión y eficiencia de cara a la prestación de servicios a los ciudadanos y contribuya a "evitar" el "fraude".

De las más de 22.000 entidades locales sólo se audita el diez por ciento, debido, entre otros motivos, a la "escasez" de profesionales en la materia, tal y como demuestra la decisión adoptada el martes por el Ministerio de Hacienda, al justificar la contratación de empresas privadas de auditoría tras declarar la insuficiencia de medios de la Intervención General de la Administración del Estado.

Juan Carlos de Margarida ha realizado estas declaraciones durante la celebración del Día del Auditor, en la que alrededor de un centenar de profesionales del sector han hecho un balance del primer año desde la entrada en vigor de la nueva Ley de Auditoría (el pasado 17 de junio de 2016), al tiempo que han definido propuestas de cara al borrador de Reglamento de la Ley de Auditoría, de 21 de julio, actualmente en tramitación.

Regulación Actual 

En concreto, De Margarida ha llamado la atención sobre la "dificultad" que supone el cumplimiento de la regulación actual, excesivamente burocrática, para los pequeños despachos de auditores, que representan más del 95% del total de firmas de auditoría de España, generan el 40% del empleo del sector, y asesoran y apoyan a la pymes españolas, que representan el 99,88% de nuestras empresas y más del 60% del PIB".

Para el decano del Colegio de Economistas de Valladolid la "poca capacidad" de estos pequeños despachos para competir con las grandes firmas de auditoría provoca una concentración del sector que tiene consecuencias "negativas globales" en la transparencia de la auditoría de cuentas del país.

En este mismo sentido se ha expresado Carlos Puig de Travy, presidente del REA+REGA Auditores, órgano especializado del Consejo General de Economistas que agrupa al 60% de los auditores y al 57% de las sociedades de auditoría de España.

Puig de Travy ha explicado que debería establecerse un marco "normativo homogéneo" e "igualitario" respecto de países del entorno, en concreto en lo que se refiere a facilitar la libre concurrencia de los operadores de los servicios de auditoría en el mercado, especialmente en cuanto al nombramiento de auditores de entidades de interés público, para dinamizar el sector, aumentar la competencia y prestar un mejor servicio.

Según Puig de Travy, la entrada de operadores cualificados, independientemente de su tamaño, en el sector de la auditoría redundará en una red "más extensa" de auditores independientes y en una "mejor" detección del fraude en las empresas.

Así mismo, el presidente del REA+REGA Auditores considera necesario "promover" y "publicitar" los beneficios de la auditoría voluntaria en pymes y empresas que no están obligadas (actualmente el 30% de los trabajos de auditoría son solicitados por las empresas de forma voluntaria), ya que la "claridad" y la "transparencia" en la formulación de la información financiera resulta clave para lograr un "buen" rating que permita obtener financiación.

En relación al Reglamento de la Ley de Auditoría que actualmente se está tramitando, Carlos Puig de Travy ha destacado que debería "minimizar" los desequilibrios actuales y "garantizar" la sostenibilidad del sector para evitar riesgos sistémicos difícilmente corregibles a futuro".

Finalmente, Emilio Álvarez, presidente de la Comisión de Auditoría del Sector Público del REA+REGA, ha insistido en que es necesaria una "mayor fiscalización" del sector público por medio de auditorías, explicando que "potenciar" la práctica de la auditoría en el sector público redundaría en una "mayor garantía" de la transparencia en la gestión económica de este sector y contribuiría a "mejorar" la confianza de los ciudadanos, concluye el comunicado.