Más del 75% de los dictámenes aprobados por el Consejo Consultivo en el primer semestre del año son de responsabilidad patrimonial

El Consejo Consultivo de Castilla y León ha aprobado 292 dictámenes durante el primer semestre de este año, de los que más del 75% (220) corresponden a reclamaciones por responsabilidad patrimonial.

El presidente del Consejo Consultivo de Castilla y León, Agustín S. de Vega, explica que tradicionalmente los dictámenes sobre responsabilidad patrimonial abarcan un porcentaje muy importante del trabajo diario de la institución a la vez que destaca que a través de ellos los ciudadanos ven protegidos sus derechos y perciben la cercanía de la institución.

De los 220 dictámenes de responsabilidad patrimonial, el mayor número (108) provienen de expedientes de responsabilidad patrimonial de ámbito vial (defectos de distinta naturaleza en calzadas, aceras, parques y otras zonas de deambulación).

A continuación se sitúan las reclamaciones de responsabilidad patrimonial relacionadas con el ámbito sanitario, con infraestructuras y con perjuicios ocasionados en la actividad económica, fundamentalmente en el ámbito de la hostelería por las consecuencias de la pandemia.

Agustín S. de Vega explica que el elevado número de dictámenes de responsabilidad patrimonial cada año se debe a la baja cuantía que la Ley establece en Castilla y León para acceder al Consultivo a través de este tipo de reclamaciones: 3.000 y 6.000 euros, dependiendo de si la consulta se plantea por la administración local o por la autonómica.

En opinión de S. de Vega, estos umbrales de acceso facilitan el dictamen al ciudadano y ensanchan la protección de las posiciones jurídicas de los afectados por el funcionamiento de las administraciones.

En este sentido explica que en estos expedientes están presentes situaciones dignas de protección jurídica, entre las que se encuentran casos referidos a derechos sanitarios, educativos, de servicios sociales, de salud, de menores, dependencia, familia, medioambientales o, en general, relativos al funcionamiento de los servicios públicos.