La Fiscalía archiva la denuncia del interventor municipal de Zamora por los urinarios

La Fiscalía ha archivado la denuncia que el servicio de Intervención del Ayuntamiento de Zamora interpuso contra la Concejalía de Comercio por la presunta compra "sin partida presupuestaria" de baños portátiles para su instalación en el mercadillo semanal.

El Ministerio Público archiva la denuncia por la "falta de fundamentos y de elementos suficientes para mantener la perpetración de hechos delictivos".

El interventor municipal, Javier López Prada, había denunciado ante la Fiscalía la presunta comisión de un delito penal por parte del concejal de Comercio, Christoph Strieder, por la instalación "sin partida específica para ello" de cuatro baños portátiles para dar servicio al mercadillo semanal de los martes.

Concretamente, indicaba el alto funcionario que dicha contratación se había llevado a cabo "con vulneración de las normas reguladoras" y que debía "ser perseguida penalmente por la presunta comisión de un delito de prevaricación".

Analizado el expediente, la Fiscalía Provincial de Zamora ha decidido archivar la causa por "no revestir los hechos acreditados carácter delictivo", toda vez que cuando se interpuso la denuncia, el expediente aún estaba inconcluso. De hecho, días después de que el interventor se dirigiera a la Fiscalía, el jefe del servicio de Comercio del Ayuntamiento de Zamora acreditó que, efectivamente, sí existía partida para acometer ese gasto.

El alcalde de Zamora, Francisco Guarido, ha celebrado la resolución del fiscal por haberse "limpiado el honor tanto del concejal de Comercio" como del propio regidor. El primer edil, además, ha apuntado que "es la primera vez que un funcionario del Ayuntamiento denuncia al propio Consistorio ante la Fiscalía y lo hace por cuatro baños portátiles, algo que es bochornoso". En este sentido, el primer edil recuerda que de haberse cometido alguna irregularidad sería en el ámbito administrativo, y para ello procede el levantamiento de un reparo para su subsanación, o en todo caso, la vía judicial por la vía administrativa, y no penal como se ha tratado en este caso.

Además, afea que el interventor no llevara a la Fiscalía asuntos tan graves como la compra del edificio municipal en tiempos de Antonio Vázquez, que tuvo un coste para el Ayuntamiento de 5 millones de euros.