El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha dado el visto bueno esta jueves al proyecto legislativo que modificará la Ley de Cooperativas y cuyo principal objetivo es agilizar el funcionamiento de este "elemento fundamental" de la economía social, reducir trámites y adaptar estas sociedades a sistemas de gestión electrónica con nuevas fórmulas de cooperativos.

Este proyecto de ley, que será remitido de forma inmediata a las Cortes para su debate parlamentario, está pensado en clave de futuro para que las cooperativas de Castilla y León puedan competir "en las mejores condiciones de igualdad" que el resto de las empresas de la Comunidad, en palabras del consejero de Empleo, Carlos Fernández Carriedo.

El consejero ha hecho especial hincapié en la necesidad de evitar más trámites a las 2.102 cooperativas registradas en Castilla y León desde el convencimiento de que "el mundo ha cambiado" y hay que conseguir reducir la burocracia para la constitución de este tipo de sociedades o facilitar la presentación electrónica de las cuentas anuales a través de redes de comunicación y con la legalización electrónica de los libros obligatorios. De esta forma, se elimina la perforación de los libros para ser entregados y sobre ellos inscribir cuentas y anotaciones.

En cuanto a las cooperativas de trabajo, se amplía al 50 por ciento el número de horas al año que pueden realizar los empleados de la cooperativa respecto a los socios trabajadores ante ya que, según ha explicado el consejero, el envejecimiento de los cooperativistas hacen que cada vez haya más empleados por cuenta ajena en estas sociedades.

Con la próxima modificación de la norma, se flexibiliza y amplia el número de horas para esos trabajadores. Para cooperativas de trabajo con más de 25 empleados y en determinados supuestos, los estatutos o el Reglamento de régimen interno aprobados en la Asamblea General preverán la protección social de los socios en caso de no cobertura total o parcial por el sistema de protección público.

También se introduce la posibilidad de convocar la Asamblea General de la cooperativa por medios electrónicos e, incluso, la obligación de la publicación en su página web si dispone de ella en el caso de que ésta tenga un número superior a 500 socios. Asimismo se clarifican los límites tanto de voto, 33 por ciento, como de aportaciones, 45 por ciento, a realizar por los socios colaboradores, de servicios, inactivos y temporales.

Se establece el silencio positivo respecto a trámites administrativos fundamentales como la calificación previa de los estatutos y la inscripción de la cooperativa en el Registro de Cooperativas de Castilla y León; se regula un nuevo tipo de socio, el socio de servicios, definido como aquel que sin participar en la actividad principal de la cooperativa, puede participar en otras accesorias o no principales de ésta.

Con el objetivo de proteger la cooperativa, en determinados supuestos en los que ésta ha realizado "importantes inversiones" se establece la posibilidad de concretar estatutariamente un periodo mayor para que los socios puedan darse de baja, diez en concreto. También se define un procedimiento muy simple de disolución, liquidación y extinción para determinados supuestos con una única escritura pública.

Según los datos aportados por el consejero, en Castilla y León había 2.102 cooperativas registradas a finales de septiembre, de las cuales 570 son agrarias, 548 de explotación comunitaria de la tierra, 635 de trabajo, 237 de vivienda, 34 de segundo grado, aquellas constituidas por al menos otras dos cooperativas del mismo objeto, 30 de Servicios, 20 de transporte, 18 de consumidores y usuarios, 9 de enseñanza y una de crédito.

Las cooperativas en Castilla y León generan 10.740 empleos, según del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, correspondientes al tercer trimestre de las altas asociadas a cuentas de cotización de cooperativas.