El Grupo Parlamentario Popular ha vuelto ha rechazar la creación de una Oficina Anticorrupción en Castilla y León que ha pedido el Grupo Socialista a través de sus enmiendas parciales al proyecto de presupuestos de la Consejería de la Presidencia para 2018 al que ha presentado un total de 42 cambios de partidas por cerca de 5 millones de euros.

El procurador proponente, el socialista Luis Briones, ha reclamado la creación de esta Oficina Anticorrupción a través de una partida de 300.000 euros por una cuestión de "higiene democrática" desde el convencimiento de que esta oficina es más que necesaria en una Comunidad "asolada" por unos casos que "avergüenzan" y que no se tapan con la crisis territorial de Cataluña.

Desde las filas 'populares', el viceportavoz, Ángel Ibáñez, ha rechazado la enmienda socialista que se repite de las cuentas de 2017 "por pura lógica" ante el trabajo que ya se está llevando a cabo en los tribunales de justicia y "ante la que está cayendo con dos expresidentes de la Junta de Andalucía en el banquillo".

"Tratan de lanzar un mensaje de mantra cuando son los expertos en hablar de corrupción", ha afeado Ibáñez a los socialistas a los que ha acusado también de oponerse, con su rechazo a la última fase de la Ordenación del Territorio, a facilitar una buena financiación para el mundo rural sin escuchar a sus propios alcaldes. Así se ha sustanciado el debate de las 42 enmiendas socialistas al proyecto de presupuestos de la Consejería de la Presidencia que han decaído en su totalidad, como las de 32 de Podemos por 4,19 millones de euros y las 29 de IU por 6,2 millones.

De este modo, el Grupo Popular sólo ha aceptado cuatro enmiendas de Ciudadanos, dos, y de UPL, otras dos, por un montante global de 335.000 euros para los proyectos de un Centro Cultural en Rabanera del Pilar, por 100.000 euros, y de mejora de las infraestructuras municipales en Santa María Rivarredonda, por 45.000 euros, en la provincia de Burgos, y para una piscina municipal en Villamañán, por 40.000 euros, y un pabellón polideportivo en Torre del Bierzo, por 150.000 euros, en León.

Además, PP y UPL llegaron a un acuerdo al inicio de la sesión plenaria para transaccionar una enmienda de la formación leonesista para la construcción de un auditorio en Sariegos, en León, por 220.000 euros. Tanto el procurador de Ciudadanos José Ignacio Delgado como el leonesista Luis Mariano Santos se han congratulado por la aprobación de estas enmiendas si bien ha reconocido que son "insuficientes" en su deseo de que el PP fuese algo más "generoso" con unas propuestas "mesuradas" y "pragmáticas", en palabras del político de la formación naranja , que ha reclamado una financiación local justa y adecuada para que los municipios no tengan que pedir lo que es suyo.

En el caso de Santos Reyero ha aprovechado su turno de palabra para lamentar que algunos parlamentarios, como es su caso, tengan que pasar por el trámite de debate de enmiendas parciales para que se aprueben algunas cuando otros no tienen esa necesidad porque se les aprueban convenios sin esta necesidad.

Desde las filas de Podemos, la procuradora Natalia del Barrio ha centrado sus enmiendas en la desprivatización de los servicios y en la recuperación de planes de cooperación local para obras en varios municipios con partidas con el nombre de los municipios para que no queden al albur del consejero de la Presidencia. También ha abogado por evitar los chantajes vía aprobación de las Ubost.

Del Barrio ha reclamado 500.000 euros para Atención al ciudadano sobre Brexit 012 y la Web de Castilla y León, ha propuesto destinar 300.000 euros para el Observatorio Ciudadano de Calidad Democrática y Políticas Públicas y diversas partidas para apoyar actuaciones de asociaciones de Memoria Histórica.

Finalmente, en el caso de IU, José Sarrión, ha reclamado un incremento de las ayudas a casos de emergencia exterior o para cooperación al desarrollo con tres propuestas concretas por 590.000 euros en materia de lucha contra la despoblación, "un problema de suma gravedad que es necesario afrontar para fijar población en los municipios". Otras tres enmiendas de IU por 730.000 euros estaban destinadas a asociaciones en defensa de la memoria histórica con un llamamiento ante la paralización del actual grupo de trabajo.