La sentencia condenatoria por acoso sexual dictada contra el presidente de Ambi y de Cocemfe en Ponferrada o la detención de un joven que llegó a llamar 535 veces a una compañera en apenas cuatro meses en Salamanca han devuelto a la actualidad el debate sobre el acoso sexual en el trabajo, un tipo de violencia hacia la mujer muy invisibilizada.

Desde la Unión General de Trabajadores (UGT) constatan que las víctimas tienen grandes dificultades para expresar y comunicar la situación de acoso que están sufriendo. Y aún más para denunciarlo. Temen las represalias y perder su empleo, de forma que sufren el acoso, pero en muchísimos casos no lo denuncian.

Por otra parte, se encuentran ante la dificultad de prueba en vía judicial, tanto en penal como en laboral. Esto provoca que las víctimas no cuenten con la seguridad necesaria para hacer valer sus derechos en la vía jurisdiccional. "Las resoluciones judiciales de condena son escasas y las penas para los agresores en la vía penal son muy bajas. De ahí la enorme importancia de la sentencia condenatoria que acaba de dictarse en Ponferrada", añade UGT.

Por ejemplo, en toda Castilla y León entre 2015 y 2016, según la Memoria Anual de la Inspección de Trabajo, se realizaron 29 actuaciones en materia de acoso sexual. Se efectuaron doce requerimientos, levantándose actas de infracción en cuatro ocasiones. "Es evidente que estas cifras se quedan cortas a la hora de manifestar el verdadero alcance del fenómeno", afirma el sindicato.

Por eso, recuerda la necesidad de denunciar estos acosos y, por lo tanto, anima a ello. A solicitar la ayuda necesaria a los representantes sindicales en las empresas, a los servicios de apoyo a las mujeres y asesorías jurídicas con los que cuenta el sindicato. "Son la vía para canalizar denuncias, poniendo en marcha los mecanismos necesarios para su defensa, protección y conservación del puesto de trabajo".