Las asociaciones profesionales de fiscales y jueces han iniciado un calendario de movilizaciones que culminará con una huelga el próximo 22 de mayo. Antes, habrá paros parciales este jueves 26 de abril, el 3, 10 y 17 de mayo, además de una concentración en Madrid el 4 de mayo.

En esta protesta participan la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Francisco de Vitoria (AJFV), la Asociación de Jueces y Juezas para la Democracia (JJD), el Foro Judicial Independiente (FJI), la Asociación de Fiscales (AF), la Unión Progresista de Fiscales (UPF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF).

En primer lugar, jueces y fiscales reclaman medidas para reforzar la independencia judicia, que para por la presentación de un proyecto/proposición de ley de reforma “que recupere el régimen competencial, de organización, funcionamiento y dedicación y garantice la elección de los vocales judiciales por los jueces y magistrados, asegurando la igualdad de género y la representatividad”. También la objetivación del sistema de nombramiento de altos cargos judiciales, de acuerdo con un proceso transparente y en decisión debidamente motivada y adoptada por una mayoría cualificada. Además de la supresión de los magistrados designados por los parlamentos autonómicos.

Para modernizar la Administración de Justicia con calidad y eficacia, jueces y fiscales reclaman un plan de inversión suficiente y prolongado, que pasa por incrementar las plantas judicial y fiscal, equiparándolo a la media europea, convocando al menos 300 plazas en cada uno de los próximos cuatro años; modernizar los edificios judiciales y fiscalías; un proceso de digitalización con los equipos necesarios y los programas de manejo adecuado, que realmente facilite el ejercicio de la función jurisdiccional fiscal en beneficio del ciudadano, en lugar de ralentizarlo; y procurar los medios necesarios para hacer efectivos los derechos reconocidos en las leyes (víctimas, equipos psicosociales…).

Para racionalización de la planta judicial, se propone la implantación de los tribunales de instancia, respetando las exigencias de independencia e inamovilidad, garantizando el acceso a la justicia de todas las personas. Mientras tanto, deberán de crearse órganos judiciales suficientes para atender al incremento de litigiosidad, hoy en 126 asuntos por cada 1.000 habitantes. Y evitar la precarización judicial y fiscal, con eliminación de las adscripciones forzosas y supresión de “sustitución y refuerzo” en el periodo de prácticas formativas, respetando escrupulosamente el derecho-deber a una formación inicial y una adecuada formación para ejercer en las jurisdicciones especializadas.

Finalmente, para mejorar las condiciones profesionales, se propone la convocatoria inmediata y formal de la Mesa de Retribuciones con el objetivo de recuperar el nivel salarial perdido en 2010 y adecuar la retribución a la responsabilidad inherente a la función. También reclamar la recuperación del régimen de vacaciones y permisos vigente al momento de la supresión y reducción por Ley Orgánica 8/2012, de 27 de diciembre, así como el permiso de paternidad. Y la implantación urgente de unas cargas máximas de trabajo, con la participación de las asociaciones judiciales y fiscales.