El clan de los 'Paturros' se encuentra a la espera de conocer la fecha del juicio que se celebrará en la Audiencia de Valladolid contra siete de ellos por delitos de tráfico de drogas y tenencia ilícita de armas por los que se exponen a un conjunto de penas que suman 45 años.

La particularidad es que tres de ellos, Alfredo M.L, su esposa, Rosa J.B; y su yerno, Antonio J.G, figuran también inmersos en la causa que verá la Audiencia Nacional, en fecha igualmente por determinar, por falsificación de moneda y pertenencia a grupo criminal y que sentará en el banquillo a nueve personas a las que se piden condenas que globalmente se elevan a 87 años.

En el proceso que será juzgado en Valladolid, el tribunal analizará hechos por los que el citado Alfredo M.L, a quien se aplica la agravante de reincidencia, se expone nueve años de cárcel, mientras que su esposa, el yerno y Emilio G.E. y Carmen F.B. podrían ser condenados a ocho años, con multas en el primer caso de 90.000 euros y de 80.000 para el resto, todos ellos acusados de un delito contra la salud pública y otro de tenencia ilícita de armas, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

Les acompañarán en el banquillo Jesús Ángel B.J. y Abraham B.L, para los que el fiscal interesa condenas de dos años y multas de 10.000 euros por delito contra la salud pública en su modalidad de sustancias que no causan grave daño a la salud.

Su detención se produjo el día 21 de diciembre de 2016 a raíz de las investigaciones policiales iniciadas al tener conocimiento de que pudieran dedicarse a la venta de drogas al por menor, con un escalafón ocupado en primer lugar por el presunto cabecilla, Alfredo M.L, alias 'Colorao', y su mujer, Rosa J.B, quienes a través de su domicilio en el barrio de Huerta del Rey coordinaban, supuestamente, todas las actividades, gestionando la compra, almacenamiento, financiación y distribución de sustancias, principalmente cocaína y cannabis, tanto desde su propio inmueble como en la vía pública.

A un segundo nivel la acusación pública sitúa a Antonio J.G, alias 'Borja', pareja de la hija de Alfredo, y persona de máxima confianza, quien, supuestamente, ejecutaría las órdenes de su suegro al objeto de vender al por menor la sustancia y asegurarse de su reposición, tanto en el domicilio del presunto cabecilla como en otros inmuebles de distintos familiares, además de llevar las cuentas y de encargarse del cobro de las deudas y de evaluar los riesgos del endeudamiento de los clientes.

La droga la compraban en Cantabria 

A su vez, el fiscal coloca a Emilio G.E. ('Bamba') y su mujer, Carmen F.G, en el organigrama en labores de localizar y preparar las negociaciones para la adquisición y transporte de la droga, la cual se adquiría, principalmente, en Cantabria, así como de almacenar en su propio domicilio aquella mercancía no destinada a la venta inmediata.
A su mujer la acusación pública le asigna la función de guardar las armas de que disponían parte de los detenidos.

En el más bajo escalón se encontrarían Jesús Ángel B.J. y Abraham B.L, a los que se acusa de vender marihuana a sus propios clientes y a alguno de los miembros de la supuesta organización.

La operación policial que condujo a su detención concluyó con la práctica de numerosos registros domiciliarios en los que los agentes se incautaron de distinta sustancias valoradas en cerca de 35.000 euros, entre ellas unos 270 gramos de cocaína, 360 de cannabis, cinco básculas de precisión, un molinillo con restos de 'coca' y una prensa artesanal.

En el transcurso de los registros también se hallaron dos pistolas manipuladas para poder disparar cartuchos armados y cerca de varios cientos de cartuchos, también manipulados, en los que se habían introducido bien balas blindadas o plomo artesanal.