De la Riva se enfrenta al juicio por la 'Comfort letter'

La Audiencia de Valladolid celebra desde este próximo martes, 3 de julio, el juicio por el denominado 'caso de la Comfort Letter' contra el exalcalde Francisco Javier León de la Riva y dos de sus entonces ediles, Alfredo Blanco y Manuel Sánchez.

El juicio tenía que haberse celebrado el pasado 25 de abril, aunque entonces tuvo que suspenderse debido al proceso de neumonía sufrido por el letrado del exregidor, José María Tejerina, con lo que la Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia Provincial, presidida por Feliciano Trebolle, acordó posponer el proceso para los días 3, 4 y 5 de julio.

El exalcalde, Javier León de la Riva, se enfrenta a un total de nueve años de prisión y 33 de inhabilitación por las tres cartas de conformidad suscritas en 2008, 2010 y 2011, todas con naturaleza de aval y la última de ellas que comprometía al Ayuntamiento a aportar 100 millones, el 25% del crédito de 400 que la Sociedad Valladolid Alta Velocidad (SVAV) cerró con un grupo de bancos para financiar la operación del soterramiento.

Al ex primer edil, a quien, junto con la pena de cárcel y su inhabilitación, la acusación pública interesa una multa de 7.200 euros y la responsabilidad personal subsidiaria conforme al artículo 53 del Códido Penal, se le imputan tres delitos de prevaricación y otros tantos de falsedad documental, mientras que a sus excompañeros de bancada, el ex concejal de Hacienda, Alfredo Blanco, y al ex edil de Movilidad, Manuel Sánchez, la Fiscalía de Valladolid pide para cada uno de ellos 24 años de inhabilitación, en su condición de entonces integrantes del Consejo de Administración de la SVAV, como autores de tres delitos de prevaricación pasiva o por omisión.

Por su parte, el Ayuntamiento, personado como acusación particular, solicita para León de la Riva una pena de tres años de cárcel y nueve de inhabilitación por falsedad documental y prevaricación administrativa, así como siete de inhabilitación para Blanco y Sández por delito de prevaricación pasiva o por omisión.

Entre los testigos figuran el actual alcalde, el socialista Óscar Puente, cuya testifical está prevista para el miércoles, así como el interventor general del Ayuntamiento hasta julio de 2012, Jesús Velázquez Rodríguez, y Rafael Salgado, sustituto del anterior en el cargo.

Trámites obviados de forma deliberada 

En sus respectivos escritos, las acusaciones pública y particular coinciden en que tanto el entonces alcalde de Valladolid como los dos concejales delegados obviaron, de forma deliberada, todo trámite, necesario y no efectuaron comunicación alguna acerca de las garantías que, no previstas en el presupuesto municipal, vinculaban al Ayuntamiento.

De hecho, recuerdan que la 'carta de conformidad' exige de un determinado procedimiento: el informe de la Intervención, en el que se analizara especialmente la capacidad de la entidad local para hacer frente a las obligaciones que se derivaran de dicha carta; la probación del órgano competente que, de estar prevista la operación en el presupuesto, y no superar el 10 por ciento de los recursos ordinarios recogidos en dicho presupuesto, sería el presidente de la Corporación y, de superar estos límites, el Pleno del Ayuntamiento; la autorización del órgano de tutela de la Junta en los casos de existencia de un Plan Económico-Financiero aprobado, o cuando el nivel de endeudamiento superara el 110 por ciento (en 2010, el 125 por ciento), y la anotación de la operación en la Central de Riesgo del Ministerio de Hacienda, por parte del Ayuntamiento.

Los acusadores sostienen que los encausados, conocedores de las exigencias de los bancos, y las consecuencias que para el Ayuntamiento podían derivarse de la asunción de esta obligación, dieron su voto favorable a las condiciones del crédito, entre las cuales, podría decirse que como requisito imprescindible, estaba la firma de la "carta de compromiso", actuando--aunque sólo el alcalde la suscribiera--sin incoar expediente alguno, ni recabar informe de la Intervención o de la Secretaría General y sin conocimiento de la Junta de Gobierno, ni de los técnicos de las concejalías a cuyo frente estaban Blanco y Sánchez, y pese a ello se hizo constar que el Ayuntamiento de Valladolid conocía todos los términos y condiciones.